El próximo gobernador podrá asumir su cargo, pero deberá acatar la sentencia que emita la SCJN sobre si su mandato durará dos o cinco años
Viernes 25 de octubre de 2019, p. 12
El ministro Fernando Franco González Salas admitió a trámite las cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas hasta ahora en contra de las reformas a la constitución de Baja California, que permitirían ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.
Sin embargo, el ministro decidió no otorgar la suspensión contra estas reformas, conocidas como ley Bonilla, por lo cual seguirán vigentes hasta que el pleno de ministros determine su constitucionalidad.
Franco González Salas explicó en su acuerdo de admisión que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento
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Esto significa que Bonilla Valdez sí podrá asumir el gobierno de Baja California a partir del primero de noviembre, pero tendrá que atenerse a lo que la SCJN determine sobre si su administración durará dos o cinco años.
Al respecto, el ministro Franco abundó que la asunción a la gubernatura de Bonilla Valdez: no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas
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Las acciones admitidas a trámite son las identificadas con el número de expediente 112/2019 del PAN, 113/2019 de MC, 114/2019 del PRD y 115/2019 del PRI. En el acuerdo respectivo, el ministro Franco le dio a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California un plazo de seis días para que respondan por escrito a estas demandas.
También se dio vista a la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Fernando Franco informó que se agregó al expediente el escrito que sobre la ley Bonilla presentó de manera individual el senador Germán Martínez Cázares.
Aún está pendiente de resolver si el máximo tribunal de la nación admite a trámite la controversia constitucional que, también sobre el mismo tema, presentó el gobierno saliente de Baja California, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid.