El sindicato petrolero ha seguido una eficaz estrategia para ocultar la información que por ley está obligado a transparentar, en particular lo referente a los recusos públicos que recibe de Pemex: ampararse.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) detectó que un elemento fundamental para que el gremio aplicara esa táctica es que cuando existía una solicitud de información, la dirigencia sindical era alertada desde la paraestatal, lo que le permitía ampararse a tiempo.

María Patricia Kurczyn, comisionada del Inai, a quien corresponde el análisis de los sindicatos del país en materia de transparencia, indicó en entrevista que la maniobra de los amparos fue usada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –a cuya dirigencia renunció la semana pasada Carlos Romero Deschamps– antes de que los gremios fueran sujetos obligados por ley a transparentar información.

Explicó que tras la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, todos los sindicatos que reciben recursos públicos tienen la responsabilidad de abrir la información relacionada con su uso y destino.

De 2016 al 30 de septiembre de 2019, los 168 sindicatos mexicanos obligados han recibido más de 10 mil solicitudes de información y en ese periodo se han presentado 675 recursos de revisión ante el Inai por requerimientos a estos gremios.

Decisiones del instituto, definitivas e inatacables

El petrolero ha sido uno de las agrupaciones más reacias para subir y actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia los requerimientos obligatorios y a responder solicitudes de información, a diferencia de otras, como los sindicatos nacionales de trabajadores de la Educación y del Seguro Social, que sí lo hacen.

El sindicato de Pemex buscó por algún tiempo cómo defenderse, por lo que tramitaban juicios de amparo. Algunos se les concedieron, no obstante que los sujetos obligados no pueden ampararse contra las decisiones del pleno del Inai, que son definitivas e inatacables. Alegaban que se trataba de información correspondiente a Pemex y que por tanto no podían entregarla. (En muchos casos) desde la propia paraestatal eran avisados, indicó la comisionada.

Se trató de una táctica que el STPRM realizó cuando era sujeto indirecto –antes de la reforma de 2014–, sin embargo, alertó Kurczyn, lo han seguido haciendo aún después que entraron en vigor las modificaciones constitucionales (a partir de 2016).