El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso una reglamentación para restablecer al fiscal general la autoridad que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) recolectar muestras de ADN de detenidos no estadunidenses.

El gobierno del presidente Trump argumenta que lo anterior tiene la finalidad de facilitar sus esfuerzos de investigación y reducción de delitos federales, estatales y locales.

Según lo expuesto en la propuesta, uno de los intereses de la administración estadunidense es la necesidad de que los agentes de la ley procesen e identifiquen a las personas de manera segura y precisa.

Un segundo interés expuesto, es la responsabilidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para asegurar que la custodia de un arrestado no genere riesgos desordenados para el personal de la instalación, así como para la población de detenidos existente y para un nuevo aprehendido.

En el texto se agrega que la identificación de ADN da elementos para decidir sobre la detención continua o liberación, en aras de garantizar que el individuo comparecerá para futuros procedimientos. También ofrece información si se requieren condiciones necesarias si al detenido se le concede la liberación en interés de la seguridad pública.

También es alegado que la identificación del ADN promueve los objetivos fundamentales del sistema de justicia penal, eliminando a personas inocentes que de otra manera podrían ser sospechosas o acusadas por error identificando al perpetrador real y ayudando a llevar al culpable ante la autoridad.

Sobre esta propuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, manifestó preocupación y prometió que mantendrá asistencia y protección a sus connacionales en Estados Unidos.

La cancillería, mediante su embajada y red consular en ese país, se mantendrá atenta a la implementación de dichas políticas, con énfasis en el uso apropiado y el respeto a la privacidad de la información de ciudadanos mexicanos almacenada por las autoridades estadunidenses, prometió la oficina encargada de la política exterior mexicana.