El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificaron 150 empresas que emitieron facturas falsas por un total de 282 mil millones de pesos. Asimismo, se informó que en este año se han presentado 174 denuncias por evasión fiscal y lavado de dinero, y se preparan 130 más.

En conferencia de prensa, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, señaló que tras la creación de un modelo de riesgos para detectar operaciones con facturas fraudulentas, se remitió a la UIF para su investigación a 144 de esas firmas.

Esa instancia revisó una muestra de 10 de esos casos y halló una red de 135 organismos mercantiles más asociados a esas acciones de defraudación por 50 mil millones de dólares. Insisto: de esa muestra de 10, sólo de 10... De veras, la perspectiva es como si por todos lados hubiera esto, aseveró la funcionaria.

Agregó que de todas las empresas remitidas a la UIF, la efectividad probada fue de 100 por ciento, pues en todas esta instancias se encontró que había alertas del lavado de dinero.

Ríos-Farjat explicó que en el modelo de riesgo se dio seguimiento a aquellos entes mercantiles de nueva creación, cuya facturación tuviera incremento exponencial y en las que se detectaron incongruencias entre lo facturado y lo declarado.

Añadió que en 2015 se promovieron dos denuncias por defraudación fiscal con facturas falsas; en 2016 fueron 10; en 2017, 90, y en 2018, 108. De concretarse la integración total de las recientes 130, en este año se promoverían más de 300 querellas.

En tanto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que las transacciones abarcaron transferencias a Hong Kong y más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Portugal, Suiza, Emiratos Árabes, Uruguay, Corea del Sur, Taiwán e Israel. Indicó que en promedio cada una de las 10 empresas muestreadas tendría contacto con 13.5 compañías fachadas con alertas de lavado de dinero.

Explicó que se identificaron perfiles transaccionales de los usuarios o clientes y accionistas de las empresas y de las sociedades mercantiles que muchas veces no corresponden con un perfil propio de empresas.

También hay personas muy jóvenes que tampoco caen en el perfil transaccional idóneo para manejar estos montos o bien de empresas en liquidación, que puede dar como finalidad procesos de evidente defraudación fiscal. Además, en la indagatoria no se ubicaron operaciones de comercio exterior que justificaron las transacciones financieras a los países mencionados.

El procurador fiscal, Carlos Romero, sostuvo por su lado que realmente es una delincuencia organizada lo que aquí se presenta y son verdaderas mafias que llevan a cabo la defraudación al fisco federal.

Romero aseveró que las reformas legales que entrarán en vigor en enero incluyen la prisión preventiva encaminada a dos supuestos: la delincuencia organizada que busca la evasión fiscal y el lavado de dinero, así como las factureras que realizan una actividad criminal y permanente.