El ministro Fernando Franco González Salas analiza los cinco juicios constitucionales que se han presentado hasta el momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la ley Bonilla, como se le llama a las reformas a la constitución de Baja California, que permitirían alargar, de dos a cinco años, el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

El más reciente de estos recursos fue promovido por el gobierno saliente, que encabeza Francisco Vega de Lamadrid (PAN), y cuyo periodo de gobierno termina la semana próxima.

Esta controversia constitucional fue presentada por el secretario de Gobierno estatal, Francisco Rueda, y argumenta que la ley Bonilla afecta el principio de certeza electoral pues: se modificó indebidamente una obligación de hacer en cuanto a la temporalidad del inicio y conclusión del ejercicio del encargo, siendo que además es criterio de la Corte que el parámetro fundamental a seguir tratándose de extender o acortar el mandato de los gobernantes locales consiste en que no se exceda de la periodicidad de seis años y que se haga como una previsión a futuro.

Hasta el momento, ninguno de estos juicios constitucionales ha sido admitido a trámite; en los próximos días el ministro Franco deberá analizar las solicitudes y ver si reúnen los requisitos jurídicos para proceder a su resolución en la Suprema Corte.