El respeto a la libertad de cátedra, la interculturalidad y la pluralidad lingüística, la educación inclusiva, la enseñanza para la vida y el acceso al conocimiento y la cultura, así como un enfoque en derechos humanos, son algunos de los principios que se plantean en el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, todavía pendiente en la reforma en la materia recientemente aprobada por el Congreso.

El documento, que actualmente trabaja la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), señala que el objetivo de la ley es definir políticas para el desarrollo de la enseñanza superior con una visión de Estado.

Presentado hace unos días por el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, al Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, de la Anuies, el anteproyecto señala también que dicha legislación sentará las bases para una coordinación más armónica entre las instituciones de enseñanza superior, así como establecer mecanismos de participación y responsabilidad de éstas con la sociedad.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, presente en el acto donde se presentó el documento, se congratuló por el diseño de esta legislación y consideró que representa un avance en la urgente construcción de un plan rector para la enseñanza superior que requiere el país.

Debemos construir políticas públicas para dar certeza a las instituciones de educación superior y que éstas no sean letra muerta; que las leyes sean una realidad, señaló la rectora García Gasca, quien además presentó en una serie de propuestas para que sean tomadas en cuenta tanto para la nueva ley como para la asignación de presupuesto a las universidades públicas estatales.

A la reunión, que se realizó en el Colegio de Postgraduados, campus Montecillo, en Texcoco, estado de México, asistieron autoridades universitarias de todo el país. Ahí, el subsecretario Concheiro Bórquez dijo que entre las finalidades de lo que será la nueva ley estarían el contribuir a la formación integral de los estudiantes, formar profesionales científicos y humanistas, apoyar la solución de problemas nacionales y locales, ampliar oportunidades para la inclusión social, impulsar la educación, investigación científica y humanística, cultura y deporte.

El encuentro también sirvió para expresarle al funcionario federal la difícil situación financiera por la que atraviesan un grupo de universidades públicas estatales, a las que recientemente se sumó la Universidad de Baja California, derivado de un adeudo que el gobierno del estado tiene con la institución, de alrededor de mil 600 millones de pesos.