Mexicali, BC., La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analiza la posibilidad de cubrir gastos pendientes del gobierno de Baja California hasta donde sea posible, dio a conocer en un comunicado el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, quien dejará el cargo el 31 de octubre.

El mandatario informó en un comunicado que ayer se reunió en las oficinas centrales de la SHCP en la Ciudad de México con el titular de esa dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez, y con el mandatario morenista electo, Jaime Bonilla Valdez, para revisar asuntos relativos a las finanzas estatales que la Federación tiene pendiente resolver. También acudieron el secretario de Planeación y Finanzas estatal, Bladimiro Hernández Díaz, y quien será su sustituto, Adalberto González Higuera.

Uno de los temas a tratar fue el socorro de ley, el cual consiste en que la Federación cubra la manutención de internos por delitos federales en el sistema penitenciario estatal; también discutieron sobre el impuesto especial sobre producción y servicios y algunos conceptos del impuesto sobre la renta, en particular la devolución por nóminas de 2016 y 2017, que la administración estatal no reclamó a pesar de tener contratos con varios despachos externos para ese fin.

Asimismo, se analizó el adeudo que el gobierno del estado tiene con la Universidad Autónoma de Baja California, mayor a mil 500 millones de pesos. Este pasivo es resultado de que en 2014 la gestión de Vega de Lamadrid omitió entregar 300 millones de pesos a la casa de estudios.

El panista aseguró que las aportaciones estatales se hicieron insostenibles por un acuerdo paritario con el gobierno federal, pues por cada peso que la Federación entregue el estado debe aportar la misma suma.

En el comunicado de Vega de Lamadrid no se menciona la supuesta deuda de recursos del Fondo de Apoyo Extraordinario a la Educación, que la Federación tiene con el estado desde los dos últimos años del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto y en los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador . Según el panista a medios locales, este pasivo asciende a 9 mil millones de pesos, lo que generó un boquete financiero a su administración.

La toma de protesta a Bonilla está programada para el primer minuto del primero de noviembre en el Congreso local, en Mexicali, aunque se analiza usar un recinto alterno en la zona Río de Tijuana.