El Gobierno de la Ciudad de México implementará un nuevo protocolo de actuación para evitar el bloqueo de vialidades que en los pasados 10 meses suman 549, señaló Claudia Sheinbaum Pardo, y subrayó que el propósito es conciliar el derecho a la manifestación y la libertad de expresión con el del libre tránsito y a la movilidad.

Al precisar que no se criminalizará la protesta social, señaló que mañana se presentará un grupo de trabajo –formado por defensores de derechos humanos–, coordinado por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que será el encargado de elaborar dicho marco de actuación.

En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo local expresó que el instrumento se realizará con base en protocolos internacionales y se prevé que esté listo en 15 días y será sometido a consulta ciudadana.

Explicó que esta medida se debe a que en los días recientes ha recibido en audiencias públicas, giras en territorio y redes sociales la solicitud de atender los bloqueos en vías primarias, que afectan la movilidad con diversas implicaciones para la ciudadanía, incluida la atención de emergencias.

Interrogada respecto de si el protocolo considera el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, reiteró que en su administración no se permitirá el abuso policial, pero que es necesario contar con mecanismos que permitan prevenir conflictos con los grupos sociales y afectaciones al libre tránsito.

No queremos violentar los derechos humanos, no lo vamos a hacer nunca, pero necesitamos encontrar marcos de actuación que permitan hacer esta ciudad más vivible y donde todos tengamos nuestros derechos garantizados, subrayó.

Sheinbaum Pardo aclaró que el modelo de actuación será específicamente para los bloqueos de vialidades, en los que a pesar de establecerse mesas de diálogo los manifestantes no se retiran, lo cual ha provocado molestia entre los ciudadanos. El tema es que a veces son cuatro personas las que bloquean una vialidad y no tienen un tiempo determinado (de retirarse), a pesar de que se abre una mesa de diálogo, insistió.

La jefa de Gobierno señaló que el antecedente de esta medida es el bando 13 que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la capital, publicado el 19 de diciembre de 2000, y en el que se establecía dar atención inmediata a los manifestantes para impedir el bloqueo de vialidades primarias, pero garantizando el derecho a la libre expresión y el diálogo.

Evidentemente uno revisa lo que hizo el licenciado López Obrador; lo revisamos y obviamente son momentos distintos en la ciudad, pero recuperamos esta necesidad de conciliación de los intereses, manifestó Sheinbaum, quien aclaró que no se pretende regular la protesta social: Yo no voy a enviar una iniciativa de ley al Congreso; no se trata de legislar y menos de criminalizar.

Agregó que en este proceso se va a buscar la mejor solución a ese problema apegada en el respeto a los derechos humanos tanto de quien protesta como el de libre tránsito de las personas, con prioridad en el diálogo, sin represión y para conciliar todos los intereses.