El hecho de que la Ley de Austeridad Republicana prohíba a los altos funcionarios trabajar en la iniciativa privada por 10 años luego de dejar un cargo es una medida excesiva que no termina con el conflicto de interés y sí en cambio perjudica gravemente a los servidores públicos, señalaron especialistas en temas laborales y de transparencia.

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, consideró que esa disposición no resultará eficiente para combatir el conflicto de interés, pues pasados tres años (de que dejó su cargo), el funcionario ya no tiene información privilegiada, porque su vigencia no es tanta. Diez años es un periodo excesivo que afecta a los servidores públicos, porque además hay que preguntarse cómo se va a impedir realmente que tome otro trabajo y cuál va a ser en la práctica la sanción en su contra, señaló.

Lo anterior, indicó la especialista, se relaciona también con el hecho de que no existe un servicio civil de carrera que proporcione estabilidad en el empleo a los funcionarios, y por ende los obliga a hacer cualquier cosa con tal de no perder su puesto, incluyendo actos ilícitos.

Asimismo, los servidores públicos se verán forzados a mostrar su lealtad al grupo político en turno para no ser despedidos, en vez de demostrar con su trabajo que tienen méritos laborales para permanecer en su lugar.

“A lo mejor un funcionario diría ‘no estoy dispuesto a cometer estos actos’, pero si no los hace, lo corren, y por eso estará más dispuesto a hacer cosas indebidas. Además, existe el derecho constitucional a ejercer una profesión y podría haber amparos” de los afectados contra ese precepto.

Inconstitucionalidad

Germán de la Garza de Vecchi, abogado laboral y socio del despacho legal Mowat, coincidió en que la prohibición de trabajar por 10 años en la iniciativa privada es ilegal, y fácilmente puede generar impugnaciones ante los jueces. Entiendo la medida; sin embargo, está plagada de vicios de inconstitucionalidad, ya que ninguna ley puede ni debe limitar el derecho de una persona a laborar en aquello que desee. Me parece que, tras la aprobación de la ley, muy probablemente será recurrida legalmente, y existen todos los elementos técnicos para que sea limitada por el Poder Judicial, indicó.