a universidad pública y autónoma fue duramente golpeada por el régimen neoliberal. En 1990 atendía a 48 por ciento de la matrícula de educación superior; en 2017, sólo a 36 por ciento y ahora está a punto de ser rebasada por la privada (que creció de 19 a 34 por ciento en ese mismo periodo). Y además, se ve presionada por el gobierno a seguir manteniendo exámenes discriminatorios y excluyentes. Disminuida, la universidad pública autónoma tampoco es ya el referente fundamental de la futura educación superior; ahora son otras opciones las que pueblan el horizonte. A las pocas autónomas existentes (36), además, se les sometió a una especie de lobotomía neoliberal que desdibujó muchos de los rasgos de su pasada vitalidad y sentido social. Entre otros, el ser públicas, de amplio acceso, gratuitas, democráticas, críticas y atentas a las necesidades de la población. Portadoras de visiones e ideales civilizatorios como los de Rosario Ibarra de Piedra y Miguel León Portilla. Polos regionales de investigación difusión y servicio frente a la expresión local de los problemas nacionales. Ahora, en contraste, aumento en colegiaturas, exámenes de selección para admitir a los mejores, comercialización de las funciones universitarias (venta de diplomados, cursos, convenios con empresas, asesorías, servicios); una conducción centralizada en manos de grupos hegemónicos, con una inequitativa y chocante distribución de los dineros que impiden la participación de todos en la conducción democrática de la institución, propician tabuladores fragmentados institucional y nacionalmente, académicos acumuladores de puntos y decenas de miles de profesores temporales y de asignatura en la precariedad. Un ambiente nada educativo.

El horizonte, sin embargo, se está abriendo y mal haríamos en reducir la crisis universitaria a sólo pesos y centavos. Antes que seguir indiferentes y dejarnos desaparecer, es indispensable avanzar en una dirección que recupere también el papel central e indispensable de la universidad autónoma en cada entidad y en el país. Para eso, aprovechar la coyuntura, la movilización de sindicatos, la inminente discusión acerca de la Ley General de Educación Superior, la Convención Nacional Universitaria con la Cámara de Diputados y las declaraciones del propio Presidente. No ciertamente cuando llama chantajistas a quienes fueron al paro, sino cuando plantea aumentar la matrícula y terminar con los exámenes de selección (“Ingreso a prepa y universidad sin exámenes, plantea AMLO” Martínez y Jiménez, La Jornada 2/10/19). De paso, dejar atrás la evaluación asfixiante a profesores –los puntos– y sustituirla por un salario digno.

Si en esta coyuntura, sindicatos, académicos y estudiantes permanecen callados y sin proyecto de revitalización universitaria, la demanda de mayor presupuesto para salarios difícilmente se interpretará como parte de la búsqueda de una salida al actual estado de postración universitaria. Y en un contexto así, hasta las mencionadas intenciones gubernamentales están en peligro porque se enfrentarán a fuerzas interesadas en que nada cambie, ni siquiera la forma de ingresar a la universidad. De hecho esa propuesta presidencial (viene desde la campaña), no ha sido secundada por la SEP, ni aparece en sus documentos fundacionales, y por eso no tiene defensores en las burocracias universitarias. UNAM y Anuies la rechazaron de inmediato. Y tienen razón cuando insisten en que faltan lugares, pero es absurdo el planteamiento de entonces esperar años a aumentos decisivos en la matrícula y sólo entonces cambiar los criterios de in-greso. Significa decir que en la asignación de nuevos espacios de-be continuar dándose preferenciaa quienes son hombres, con mayo-res recursos económicos y prove-nientes de escuelas privadas. Habría que optar ya por criterios que enfaticen la equidad y la inclusión (metas de la SEP), y dejar de incrementar los miles de millones de pesos que lucrando con la exclusiónha recibido la boyante industria de las agencias privadas de evaluadoras de planes de estudio y aspirantes. Y no tiene sustento la objeción de que con nuevos criterios dismi-nuiría la exigencia académica; dehecho, la actual prueba no es aca-démica. Como dice Ángel Díaz Barriga, destacado investigador de la UNAM: López Obrador tiene razón; las pruebas actuales no reflejan el aprendizaje previo de los estudiantes (Román y Sánchez, La Jornada ibídem). Sirven para administrar la demanda.

Es hora de reivindicar que durante un siglo la universidad pública autónoma ha demostrado ser el modelo más exitoso para la construcción del país. Y que se le debe dar un rescate semejante al de Pemex y el campo. No para mantener las actuales ineficiencias y privilegios de unos pocos, sino para hacer crecer un recurso aún más valioso que el petróleo: una generación tras otra de muchos jóvenes con educación superior.

*UAM-Xochimilco