Xalapa, Ver., Un juez penal de Pacho Viejo dictó orden de aprehensión contra cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), por presunto uso indebido del ejercicio del servicio público, presuntos hechos de corrupción y abuso de autoridad.

Aunque ni las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni del Poder Judicial del estado dieron un pronunciamiento oficial al respecto, la especie fue confirmada por el ex mandatario Yunes Linares, quien en un comunicado condenó la determinación del juez.

Las cuatro órdenes de arresto habrían sido giradas a partir del proceso penal número 318/2019, contra Clementina Guerrero García, Bernardo Segura Molina, Adrián Viccon Basto y Luis Francisco Virues Hernández.

Guerrero García fue secretaria de Finanzas de Yunes Linares durante el primer semestre de su administración, y desde hace algunos meses y hasta la emisión de la orden de detención se desempeñaba como tesorera del ayuntamiento de Xalapa, que encabeza Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena.

Tras darse a conocer la orden de arresto en su contra, el edil dijo que había hablado del tema con su colaboradora, confiar ensu correcto desempeño, y que está a la espera de que se aclare la situación.

Hasta el cierre de esta edición, sólo se ha ejecutado orden de detención contra de Segura Molina, quien se desempeñaba como subsecretario de Finanzas del gobierno de Yunes, y fue detenido la mañana de este viernes, cuando dejaba a su hijo en la escuela.

En un comunicado, Yunes Linares informó que las órdenes se giraron luego de que la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica por más de 750 millones de pesos.

Explicó que sus ex colaboradores fueron señalados porque en diciembre de 2016, al iniciar mi gobierno, los citados depositaron en una cuenta a favor del gobierno del estado de Veracruz, un cheque de 250 millones de pesos entregado por la Procuraduría General de la República (PGR), que fue parte de los recursos que recuperé antes de tomar posesión como gobernador del Estado, y de los cuales informé al Congreso el mismo día en que rendí protesta.

Añadió que las acusaciones no resistirán un amparo ante la justicia federal, pues los acusan de no verificar por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero, cuando el dinero fue entregado por la PGR.

La Jornada buscó la versión de la FGE sobre lo antes descrito; pero no hubo respuesta. En tanto, el gobierno de Veracruz emitió un comunicado sólo para informar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no emitiría ningún comentario al respecto, para evitar el linchamiento mediático de los presuntos responsables y no delincuentes.