Un juez federal anuló la demanda de amparo que interpuso Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en contra de cualquier orden de captura o la ejecución de algún mandamiento judicial.

El juzgado decimotercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México sobreseyó la demanda de garantías y en consecuencia negó la protección de la justicia. De acuerdo con el fallo del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces de los Centros de Justicia Penal Federal con sede en los reclusorios Norte, Sur y Oriente, así como otras autoridades informaron que no existe un mandamiento judicial en contra de Sosamontes.

Por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que generaron una afectación de más de 5 mil millones de pesos al erario federal, el ex funcionario es uno de los coacusados de Rosario Robles Berlanga, quien actualmente está presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla luego de que el juez del caso la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva por presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.

Entre los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó en audiencia del lunes 27 de agosto contratos que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas; entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las dependencias, y a Ramón Sosamontes, ambos cercanos a la ex jefa de gobierno, como involucrados en la realización de esos contratos.

En sólo cuatro años, al ocupar altos cargos dentro de la extinta Sedesol, Zebadúa y Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos. Así se desprendió de los datos vertidos durante la audiencia judicial donde se vinculó a proceso a quien fue titular de esa dependencia y jefa inmediata de ambos.