San Cristóbal De Las Casas., Abandono es la palabra. Para el gobierno de Chiapas no importamos, y el federal sólo nos da largas, lamentan los desplazados de Chalchihuitán. Un año y 11 meses hace que 277 familias, mil 237 personas de ocho comunidades de dicho municipio tzotzil han vivido refugiadas fuera de sus tierras, y aunque en tiempos recientes un buen número de ellas han vuelto a pernoctar en sus casas, ya perdieron tres ciclos agrícolas, pues fueron expulsadas de sus parcelas, incluso de aquellas que no se cuentan en el territorio en disputa.

Nos disparan a cualquier hora. Sus parcelas se encuentran ocupadas y fueron saqueadas o taladas por civiles armados del vecino municipio de Chenalhó que iniciaron ataques armados contra estas comunidades en octubre de 2017 y asesinaron a Samuel Luna Girón.

La disputa territorial lleva décadas, pero a partir de 2017 entró en una ruta de agresión que no ha sido desactivada. A pesar de que ya hubo puestos militares y campamentos de la policía estatal, los civiles armados de Chenalhó nunca fueron detenidos ni desarmados; se les considera continuadores de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal en diciembre de 1997, no lejos de la zona de este conflicto de límites.

Los indígenas afectados son desplazados internos, ya que permanecen en Chalchihuitán, provenientes de Canalumtik, Chenmut, Bejelton, Tulantic, Bolochojom, Cruztón, Criz Ka’kanan, así como Jolkantetik y Shishemtontic, ambas pertenecientes a Pom. Los de Cruz Ka’kanan son doblemente desplazados, pues también los echaron de su propia comunidad. Sus filiaciones partidarias y denominaciones religiosas son diversas: católicos, presbiterianos, pentecostales y otros.

En un principio el desplazamiento afectó a unas cinco mil personas. En su momento fueron noticia, dieron lástima fotográfica y despertaron una oleada de solidaridad civil que se ha desvanecido. El gobierno estatal anterior montó un aparatoso e inútil escenario de ayuda, si acaso paliativo, y el gobierno del morenista Rutilio Escandón heredó tanto la problemática como la parálisis para resolver el conflicto.

Ya nos cansamos de ir a Tuxtla Gutiérrez a ver funcionarios que no resuelven. Nada más nos endulzan los oídos con promesas, expresa Roberto Girón Pérez, del comité de desplazados de Shishemtontic, donde actualmente se concentran las familias en un campamento que ya intentó destruir la propia autoridad local. La ausencia de investigación policiaca abona a la impunidad de los perpetradores. Con el paso del tiempo se borraron las huellas de los ataques, las casas destruidas quedaron abandonadas, añade.

La franja en disputa es de 365 hectáreas, pero la persecución desde Chenalhó alcanza localidades fuera de dicha franja. Chalchihuitán es uno de los municipios chiapanecos actualmente gobernados por concejos, tras la caída de sus ayuntamientos electos. Y el actual concejal “no reconoce la existencia de desplazados, nos llama ‘los aplastados’ y todos ellos nos ven con malos ojos”, añade otro de los afectados.

Las condiciones de carencia e insalubridad han causado al menos 12 fallecimientos, y han nacido en refugio un número no precisado de niños. Cuentan con medidas cautelares, pero no basta. Exigen reparación de los destrozos y robos, la devolución de sus parcelas y justicia por las agresiones y asesinatos. Y sobre todo, retorno seguro, algo que ninguna autoridad ha sido capaz de garantizarles, mientras les siguen disparando desde las colinas vecinas.