La unidad especial creada por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas para investigar la supuesta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo no genera confianza en los familiares de las víctimas, pues únicamente se trata de un acto de simulación, afirmó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos.

Como informó este diario el 10 y 11 de septiembre pasados, el CDHNL denunció que el presunto enfrentamiento del 5 de septiembre entre policías estatales y supuestos miembros de un grupo de la delincuencia organizada –descrito como tal en un boletín del gobierno– en realidad fue una ejecución extrajudicial, que trató de ser ocultada por los agentes con la siembra de diversas pruebas.

Ante el revuelo que causaron las denuncias, acompañadas por fotos, testimonios y un reporte de tránsito del uso de una grúa para colocar una camioneta de forma irregular en la escena del crimen, la procuraduría anunció el 19 de septiembre la creación de una fiscalía especial para el caso.

En días recientes, Ramos se reunió con el titular de dicha unidad, Adolfo Gabriel González Pérez, a quien manifestó su desconfianza y cuestionó el método de investigación utilizado.

De acuerdo con el activista, lo único que ha hecho la fiscalía especial ha sido dar a conocer públicamente siete órdenes de aprehensión contra policías estatales –lo cual habría permitido que se dieran a la fuga–, en un acto que involucra a un número muy reducido de agentes, pues se calcula que participaron más de 25.

Además, la indagatoria únicamente considera homicidio calificado, pero no los delitos de tortura y desaparición forzada, pese a que hay elementos suficientes. Están simulando un acto de justicia y no estamos conformes con eso. Nos dicen que van a hacer una investigación trasparente y que se actuará hasta las últimas consecuencias, pero no nos gusta nada que la sede de la fiscalía no va a estar en Nuevo Laredo, sino en Ciudad Victoria, y al trasladar allá la carpeta de investigación y todas las pruebas y evidencias, pueden alterarlas, desaparecerlas o manipularlas, enfatizó.

Lamentó que el gobierno federal no haya querido atraer el caso, pese a que así lo pidieron los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso legisladores de Morena, pues no quiso incomodar al Ejército, cuyos elementos habrían participado en el resguardo de una escena del crimen a sabiendas de que fue alterada.