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Ciudad perdida

Reto, recuperar el control de las calles

A

l inicio de la próxima semana, el lunes para ser precisos, en el Museo de la Ciudad de México se presentará el plan de transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fiscalía, donde habrá de exponerse un diagnóstico sobre la situación de la seguridad, o mejor dicho de la inseguridad, en la capital del país.

El documento que las comisiones del Congreso han preparado para ese acto deberá de todas formas tratar –cuando menos– de poner todos los datos necesarios para impregnar un poco de confianza a la ciudadanía, que hoy ya no quiere saber de instrumentos burocráticos que nada aportan a la solución de los problemas de violencia que se viven en esta metrópoli.

Las condiciones de la seguridad de los habitantes de la capital se han complicado cada vez más. Mientras los homicidios dolosos –como se ha anunciado– van a la baja, otros, como el cobro por derecho de piso –así se llama al permiso que otorga la delincuencia, previo pago, para que los negocios puedan operar–, aumentan día a día.

Mencionamos este problema porque seguramente es uno de los más dolorosos para el gobierno, y es que significa que quienes vigilan, quien brindan seguridad no son los representantes del gobierno, sino los delincuentes que exigen e imponen tarifas a quienes operan en lugares de servicios públicos, principalmente.

La infame recolecta se inició hace ya algún tiempo en algunos negocios de Polanco, pero el problema se ha extendido por casi toda la ciudad, con énfasis en las colonias en las que proliferan restaurantes y bares, como es el caso de la Roma y la Condesa.

Esto va más allá de cualquier otro problema asociado a la delincuencia organizada porque se convierte, a final de cuentas, en un sistema de seguridad que suple la primera razón de ser del gobierno, que es precisamente la seguridad de sus gobernados.

Y es que mientras la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental advierte que 92 por ciento de los capitalinos considera que la corrupción en las agencias del Ministerio Público es un acto muy frecuente o frecuente, la desconfianza de quienes sufren la extorsión se acrecienta porque no ven respaldo de la autoridad. En 2017, cuando se realizó la encuesta a la que hacemos referencia, se halló que en comparación con el MP de otras entidades, el de la Ciudad de México está calificado como el más corrupto del país.

Frente a esa verdad, muchos dueños de negocios de servicios optan por pagar a los agentes del crimen organizado y, entonces, el gobierno se ve desplazado. El camino hacia la creación de la fiscalía y su diagnóstico nos deberán ofrecer nuevas formas e ideas desde las cuales se pueda revertir el horror que hoy se vive en la capital. Pero lo principal es que el gobierno vuelva a tener el control de las calles, que se le ha ido de las manos. ¡Aguas!

De pasadita

Así que los festejos por el 50 aniversario del Metro, sólo en lo que corresponde al sindicato del organismo, costaron un millón y medio de pesos. En el portal de Internet del organismo se explica qué uso se dio a esos dineros, pero la pregunta va más allá de lo que se otorgue al sindicato y del uso que hagan de esos fondos los dirigentes y sus agremiados. El asunto es que después de un año, el Sistema de Transporte Colectivo sigue con deficiencias similares a las del primer día del gobierno actual.

Y no se trata de cómo lo han maquillado, sino de los problemas profundos que aún no tienen solución y que seguramente no cuestan un millón y medio de pesos, pero que pesan cada vez más en la gente que viaja en esa otra ciudad subterránea, donde pasa de todo y parece que nadie se da cuenta de nada. Ni modo.