ndignada por los recientes comentarios presidenciales, la organización privada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, cuya cara visible es el junior Claudio X. González Guajardo) lamentó y condenó las expresiones falsas y sarcásticas de López Obrador, y aseguró que nuestro trabajo se ha caracterizado por su calidad y pluralidad; nuestro compromiso es con el estado de derecho en México.

En la mañanera del pasado martes, el presidente López Obrador lo dijo así: “al hablar de los cochupos, enjuagues y arreglos (…) hiló el tema con los amparos promovidos contra proyectos de su gobierno, y con ironía indicó que hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción… ah no, sí me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción… ¿no es así?, y sostuvo que la agrupación que dirigen Claudio X. González y otros adversarios de su gobierno se ha dedicado a sabotear legalmente las obras que impulsa su gobierno. Imagínense, defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande al pueblo y a la nación… iba a ser como un Fobaproa” ( La Jornada, Néstor Jiménez y Alonso Urrutia).

Se sabe que la citada organización privada es la responsable de la cadena de amparos (alrededor de 150) en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, aunque de ella no se conoce investigación alguna en contra del aeropuerto de Texcoco, tal vez porque el padre de la cabeza visible de MCCI, Claudio X. González Laporte, y amigos asociados en una serie de negocios con dinero público, tenía jugosos intereses en dicho proyecto.

Tampoco se conocen investigaciones y/o denuncias contra otro tipo de estercoleros empresariales con dineros de la nación. Allí está el caso del propio Fobaproa, en cuya panza terminaron multimillonarios créditos privados de Banamex, por ejemplo, que se han pagado, se pagan y se seguirán pagando con dinero de los mexicanos.

Y se cita a Banamex, porque el padre de la cara visible de MCCI –léase Claudio X. González Laporte– era accionista de esa institución bancaria cuando Ernesto Zedillo decidió rescatarla, vía Fobaproa, pero también en el momento en que esa misma empresa financiera fue comprada por la trasnacional estadunidense Citibank (año 2001) por 12 mil 500 millones de dólares, y la parte vendedora no pagó un solo centavo de impuestos, con el beneplácito del entonces inquilino de Los Pinos Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

De eso MCCI no ha escrito una sola línea, pero tampoco de otros consorcios con no muy buen historial en los que el padre de la criatura (otra vez: Claudio X. González Laporte, asesor de Carlos Salinas de Gortari) fue o es accionista o, cuando menos, aparecía o aparece en sus respectivos consejos de administración.

Por ejemplo, en Televisa, consorcio recurrentemente señalado como cómplice del gobierno en turno, a cambio de permisos y concesiones para hacer jugosos negocios. O como en los casos de Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea, también accionista de Banamex y con larga cola que le pisen), Carso (de Carlos Slim), Alfa de Monterrey, Grupo Modelo (ahora propiedad de un grupo empresarial de Bélgica y Brasil), Islo y, desde luego, Kimberly Clark de México.

A lo largo de su carrera González Laporte ha compartido intereses económicos y políticos con otros hombres de negocios enriquecidos gracias a sus relaciones con el inquilino en turno de Los Pinos, pero, sobre todo, por los bienes de la nación que les entregaron (no gratis, desde luego).

De tiempo atrás en este espacio se advirtió sobre la urgente necesidad de estar a las vivas con el caballo de Troya empresarial, el cual ahora relincha por medio de MCCI.

Las rebanadas del pastel

Es de suponer que tienen nombre y apellido los responsables de inscribir en el padrón del SAT, ilegalmente, a López Obrador y su esposa como socios de 26 empresas (todas, casualmente, en Boca del Río, Veracruz, bastión de los Yunes). Entonces, ¿cuáles son?

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