Funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y diputados y senadores que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda en ambas cámaras, comenzaron el análisis del proyecto de decreto de la Ley de Ingresos 2020, de la que hubo coincidencias en que el sistema tributario deberá fortalecerse derivado de la disminución de las participaciones a estados y municipios; para atender la emergencia sanitaria derivada de la crisis de obesidad y sus repercusiones en la salud de millones de mexicanos; la urgencia de garantizar el abastecimiento de agua; y la atención de los programas sociales del gobierno.

En el encuentro privado se colocaron sobre la mesa las medidas recuadatorias que podrían aplicaran el año próximo, sin establecer nuevos impuestos.

Las autoridades intercambiaron con los diputados federales de ambas comisiones la información, al día, de las circunstancias fiscales que imperan en el país, cuyo porcentaje de ingresos tributarios es el más bajo, medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), donde se mantiene la promesa del Ejecutivo federal de no crear nuevos impuestos, pero la presión financiera de los programas sociales implementados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador deberán solventarse.

Si bien la iniciativa de Ley de Ingresos contempla que los ingresos presupuestarios totales representen 23.2 por ciento del PIB, 2.2 proviene de endeudamiento, lo cual significa que se estima recaudar 21 por ciento del PIB, cifra que sería ligeramente menor al cierre estimado para 2019, con 21.4.

En el encuentro se ponderó que el paquete económico 2020, contiene propuestas de acción para fortalecer la recaudacion. Para evitar la evasión fiscal se plantea modificar los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) con el propósito de ampliar la definición de establecimiento permanente, de acuerdo con las recomendaciones del proyecto Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE.

Para enfrentar la erosión de la base gravable derivada de diferencias legislativas en la caracterización de una persona, figura jurídica, ingreso o respecto de quien es el dueño de los activos, en donde se genere una deducción en el país donde reside el pagador, se proponen diversas modificaciones a la citada legislación de acuerdo con las recomendaciones del proyecto BEPS.