Sociedad y Justicia
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PEF 2020 asigna más recursos a institutos de salud y alta especialidad

Tendrían mil millones de pesos adicionales para salarios y un monto similar en gastos de operación

 
Periódico La Jornada
Martes 10 de septiembre de 2019, p. 36

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, propone asignar a los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, recursos económicos superiores a los que tuvieron en este año. De manera global dispondrán de mil millones de pesos adicionales para pago de salarios y otra cantidad similar para gastos de operación.

Este dinero forma parte de los 4.3 mil millones de pesos de incremento en el presupuesto del ramo 12, correspondiente a la Secretaría de Salud (SSa).

De ser aprobado por la Cámara de Diputados, la dependencia contará con 128 mil 589 millones 314 mil 373 pesos. Destaca que a pesar del compromiso reiterado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar 40 mil millones de pesos al sector, dichos recursos no están en el PEF 2020.

De cualquier manera, la propuesta entregada el domingo pasado al Congreso de la Unión, representaría el mayor aumento para la Ssa, que durante el sexenio pasado tuvo recortes severos, como los poco más de 11 mil millones de pesos que se le redujeron en 2018.

Para 2019, los legisladores aprobaron un aumento de mil 709 millones de pesos, de acuerdo con los presupuestos federales de esos años. Aunque con el argumento de la austeridad republicana, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda ordenó el recorte de 2 mil 300 millones de pesos a los institutos y hospitales de alta especialidad.

Protestas y gestiones

Después de protestas y gestiones encabezadas por los directores de estos organismos, la medida que puso en riesgo la prestación de servicios médicos a personas de bajos recursos, se revirtió en mayo pasado, según información oficial.

En el ramo administrativo 12 (Salud) se encuentran las partidas de los proyectos estratégicos de la administración federal: el próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituirá al Seguro Popular, así como el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos que remplazó al componente de Salud de Prospera.

El primero que todavía tiene en el PEF 2020 el nombre de Seguro Popular, dispondrá de 72 mil 538 millones de pesos, es decir, mil 323 millones más que en 2019. El segundo aumenta en poco menos de cien millones de pesos, para ubicarse en 6 mil 634 millones de pesos.

Además, el Ejecutivo federal propone la creación del programa de Salud y Bienestar Comunitario al que asigna 77 millones de pesos; y el de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, con mil 600 millones de pesos.

En la estrategia programática, el gobierno federal resalta la gravedad del problema de sobrepeso y obesidad, presente en 72.5 por ciento de los adultos y un tercio de los niños de 5 a 11 años. Para prevenir y controlarlos, el PEF plantea invertir casi 520 millones de pesos.

El dato es relevante porque para el PEF 2019 hubo la intención de disminuir el monto de esta partida a 33 millones de pesos. Al final, se dispuso de 500 millones más por la ampliación presupuestal autorizada por los diputados.

Una de las áreas castigadas con la disminución de recursos es el programa Rectoría en Salud que el próximo año tendría 512.3 millones de pesos, mientras en 2019 ejerce mil 214 millones de pesos.

Rescisión de contratos de asociación público privada

En el PEF 2020 se confirma la rescisión de los contratos de asociación público privada (APP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en García, Nuevo León, y Tepotzotlán, estado de México. Pero debido a los litigios en curso, el gobierno federal prevé el pago de casi mil 200 millones de pesos como parte del compromiso adquirido por el gobierno anterior con las empresas.

También en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Ejecutivo plantea la inversión a cargo del sector privado, de mil 181 millones de pesos para la construcción del hospital general Gonzalo Castañeda, el cual fue cerrado en 2011 y demolido como parte de la APP contratada con las empresas Tradeco e IGSA.

En 2015 el instituto canceló el contrato por incumplimiento financiero de los proveedores. Estos también interpusieron juicios que aún no concluyen.