Si quieren eliminar el fenómeno de las desapariciones forzadas, una de las prioridades del gobierno debe ser otorgar un presupuesto ilimitado a las labores de búsqueda de ausentes, así como limpiar a las instituciones de seguridad de todos los servidores públicos que no tienen la capacidad para realizar su trabajo o incluso tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Así lo indicaron familiares de víctimas, quienes llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a honrar los compromisos que dio a conocer el viernes pasado, entre los que figuran reconocer la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir casos individuales, privilegiar la búsqueda en vida de los ausentes y garantizar recursos ilimitados a las tareas de búsqueda y reconocimiento de cuerpos sin identificar.

Benita Ornelas Rivera, quien busca a su hijo Fernando Iván Ornelas, desaparecido el 21 de julio de 2019 en la Ciudad de México, consideró que una de las acciones urgentes del actual gobierno debe ser la instalación de un organismo especializado de atención para los familiares de víctimas, el cual tenga todo el personal y recursos económicos necesarios para dar resultados cuanto antes.

En la mesa donde estoy, nada más hay una licenciada que atiende 10 casos al día. Como (López Obrador) dijo que van a poner más dinero y más atención, queremos ver respuestas. Los queremos ver con vida y no que los encuentren muertos para que nos hagan caso, afirmó.

De igual manera, es urgente que las autoridades capaciten a sus funcionarios en materia de empatía y sensibilidad, pues las personas que han escuchado las peticiones de la mujer lo han hecho de forma prepotente y con mucha prisa, incluso hasta el punto de decirle que no hay ningún delito qué perseguir, o que no pueden hacer nada contra uno de los sospechosos por la desaparición de su hijo.

Por su parte, Arturo Rojo Flores, cuyo hijo Vicente desapareció el 21 de marzo de 2009 en Coahuila, urgió a que el nuevo gobierno se deshaga de los servidores públicos que han cometido errores y omisiones intencionales en la indagatoria de la desaparición de sus seres queridos, muchos de ellos por estar en complicidad con los perpetradores del delito.

“Lo que deben hacer es revisar a los Ministerios Públicos, porque desgraciadamente dentro de las autoridades todavía hay corrupción. El gobierno federal tiene que ‘limpiar’ toda la corrupción que hay, porque a mi hijo lo detuvieron los policías ministeriales y me imagino que ellos se lo entregaron a la delincuencia organizada”, apuntó.

De su lado, Sandra Luna Campos, esposa del policía federal Juan Serafín Hernández –desaparecido el 13 de marzo de 2018 en Hidalgo– exigió que los plazos de investigación no sean tan largos, porque es así como la indagatoria se diluye. “Si hay recursos ilimitados, que haya capacitación (para los funcionarios), porque lo único que hacen es lavarse las manos y ponernos algún ‘pero’”, lamentó.