En siete años, el número de periodistas y defensores de derechos humanos bajo el amparo del mecanismo de protección del gobierno federal ha crecido 2 mil 400 por ciento. En 2012, cuando se creó ese instrumento, tenía 40 y hoy tiene registrados a 976. En los nueve meses de esta administración han sido asesinados 15 comunicadores y 24 luchadores por las garantías individuales, informó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

Más tarde, durante la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CMBP), al abordar los desafíos en la defensa de los derechos humanos y las garantías de quienes enfrentan delitos graves, como la desaparición forzada, reconoció que en los meses que llevan en el gobierno federal seguimos enfrentando resistencias e incluso intereses que van en contra de los derechos de las víctimas.

Encinas advirtió que en las próximas horas, por resolución de un juez se le puede otorgar la libertad a uno de los principales perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque se le retiró el delito de secuestro. Agregó que también hay juzgadores que han liberado a integrantes de los Zetas y policías, al eliminarles el delito de delincuencia organizada.

Por la mañana, en un foro rumbo a la conformación del Programa Nacional de Derechos Humanos, el funcionario se pronunció por una política de prevención de riesgos para activistas y periodistas, y llamó a los medios de comunicación –particulares y concesionados– a asumir su responsabilidad sobre la protección y garantías de los comunicadores amenazados.

Es inconcebible –lamentó– que quien se desarrolló profesionalmente en algún órgano informativo, al enfrentar una situación de riesgo no sólo no reciba solidaridad ni respeto a sus derechos laborales, sino también se le estigmatiza cuando se ve obligado a desplazarse y no encuentra empleo porque prácticamente ha sido boletinado por tal condición, y en consecuencia lo vuelven a victimizar.

Citó un diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual, de mantenerse las condiciones actuales de violencia e impunidad, pronto se podría llegar a los mil beneficiarios del mecanismo de protección.

El propósito, subrayó Encinas, no es tener cada día más inscritos en ese esquema, sino restituir las condiciones para un ejercicio libre y sin zozobra del periodismo y de la reivindicación de derechos humano. De lo contrario, y al paso que vamos, seguirá predominando la noción de que el mecanismo se convertirá en un agente del Ministerio Público o en un órgano de seguridad pública, cuando su misión es ser un instrumento emergente para garantizar la protección a la vida e integridad de quienes están inscritos.

Contribuciones

Donovan Ortega, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, puso de relieve el interés en ese foro por construir una narrativa que no criminalice a los defensores de las garantías básicas ni a los periodistas, sino que destaque sus contribuciones a la vida democrática del país.

En Museo de la Ciudad de México se habló también sobre los vacíos legales que afectan a ambos gremios, los cuales provocan que no exista una política pública integral para cuidar su labor y evitar que los ataques en su contra permanezcan impunes.

Ángeles Hernández, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, coincidió en que una de las preocupaciones más constantes que se tocaron en el encuentro fue la de la seguridad de los activistas y comunicadores.

Por la tarde, Encinas acudió a la firma del convenio Conacyt-CNBP para poner en marcha el Ecosistema Nacional Informático en Pro de la Búsqueda de Personas, que reúne hasta hoy a 40 expertos de cinco centros públicos de investigación, con los que se aplicarán conocimientos de vanguardia para atender la desaparición de personas en México, considerado uno de los temas prioritarios de este gobierno.