ace 15 años el nombre del empresario Carlos Ahumada Kurtz sacudió los círculos políticos de la Ciudad de México y su foto se difundió en los medios de comunicación; si ahora procede en su contra la extradición solicitada al gobierno argentino por las autoridades mexicanas no será la primera vez que llegue al país para ser sometido a un proceso penal en el cual él es acusado.
El 28 de abril de 2004 llegó de Cuba deportado por el gobierno de Fidel Castro y fue, no sin vencer obstáculos y maniobras, ingresado al reclusorio a disposición de un juez penal capitalino. La acusación era por haber recibido recursos económicos cuantiosos de algunos jefes delegacionales de la capital por obras que nunca llevó a cabo o sin la debida justificación y respaldo en contratos y documentación legítima.
La Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal le seguía los pasos, rastreó cuentas de empresas fantasmas, una de ellas representada por su chofer y otras por el estilo; la Contraloría del gobierno capitalino descubrió las anomalías y la Procuraduría siguió el largo camino que el dinero recorría para llegar al final, a la cuenta de la que solo él podía disponer.
Se refugió en La Habana pensando que la solicitud internacional de su aprehensión no iba a darle alcance en la isla caribeña, pero el gobierno cubano lo detuvo y después de un interrogatorio de varios días, decidió enviarlo deportado a México, en donde ya lo esperaba una orden de aprehensión ordenada por un juez.
Su presencia en los medios de comunicación había sido muy notoria por los escándalos urdidos para tratar de desprestigiar al gobierno capitalino exhibiendo a personajes y funcionarios en situaciones que provocaban desconfianza y sospechas; a uno jugando en Las Vegas y a otros recibiendo del mismo Ahumada fajos de billetes sin explicación aparente. Las grabaciones eran clandestinas, no probaban para efectos legales la comisión de algún delito, pero fueron sumamente escandalosas y bien aprovechadas por los enemigos del gobierno local.
El deportado llegó de Cuba directamente al hangar que en el aeropuerto capitalino tenía la Procuraduría General de la República; por conducto de la embajada de Cuba en México, la procuraduría local recibió la información de la deportación y de inmediato el fiscal de aprehensiones capitalino se presentó con la orden del juez, con vehículos para su traslado al reclusorio, con médicos y una ambulancia, porque la razón que inicialmente le dieron para no entregarlo era que llegaba enfermo. Lo cierto es que sus antiguos correligionarios y amigos intentaron evitar su consignación.
Por varias horas el fiscal de aprehensiones estuvo en una especie de secuestro virtual, ya que no podía salir del hangar ni le entregaban al deportado; ante esta anomalía, fue necesaria la presencia de un subprocurador y del procurador en persona en la entrada del mencionado lugar para exigir el cumplimiento de la orden judicial.
La puerta de las instalaciones en el aeropuerto se encontraba cerrada y custodiada por hombres armados que no daban explicación alguna; las comunicaciones tenían que ser telefónicas entre los funcionarios de la PGR y los de la PGJDF; en ningún momento se permitió el acceso de personas distintas al fiscal de aprehensiones, pero la prensa capitalina y nacional, enterada de la difícil situación y el diferendo, se presentó al lugar y su oportuna información por la radio y la televisión y las declaraciones que se les dieron con todo detalle finalmente obligaron a la autoridad federal a entregar al indiciado.
Hoy vuelve a ser requerido por la justicia, sólo que en circunstancias diferentes; quienes en 2004 trataron sin éxito de protegerlo ya no están en el poder; perdieron las elecciones, estamos bajo un régimen distinto, transparente y popular, vivimos una transformación en que confiamos; le espera un juicio imparcial y garantías procesales aseguradas, nada más ni nada menos.
