a presidenta de los morenistas, Yeidckol Polevnsky, no ahorra comentarios ácidos en contra de uno de sus presuntos representados, Ricardo Monreal Ávila, coordinador a la vez de los senadores del partido Morena y suministrador de platillos legislativos de relevancia y, en ocasiones, aprobados por insólitas unanimidades, para degustación de Palacio Nacional.

La ex dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dice buscar un periodo completo como lideresa del partido actualmente hegemónico (ahora es secretaria general en funciones de presidenta, cubriendo la salida de Andrés Manuel López Obrador a partir de que éste dejó el cargo partidista para postularse por tercera ocasión a la Presidencia de la República). Tenga o no viabilidad su intención, lo cierto es que quien fue registrada originalmente como Citlali Ibáñez Camacho se ha constituido en una pieza de bloqueo abierto a la movilidad política del citado Monreal, quien sostiene una alianza de facto con el canciller Marcelo Ebrard para buscar que un alfil de éste, Mario Delgado, hombre de los dineros marcelistas, presida Morena en sustitución de Polevnsky.

Con protestas, divisiones e incluso compra de voluntades en varios estados del país, Morena está viviendo con estrépito un peculiar proceso de institucionalización, con dos bandos muy bien definidos, el de Monreal y Ebrard (aunque éste diluye sus afinidades facciosas entre el ropaje diplomático que ahora porta) y el de Claudia Sheinbaum (disminuida políticamente por su mal manejo de la crisis de las mujeres en protesta incluso violenta), la citada Polevnsky, el desplazado senador Martí Batres y la virtual candidata oficialista a presidir Morena, Bertha Luján (aunque distanciada de Polevnsky), es decir, en referencia a este segundo bloque, el grupo perteneciente al primer círculo del obradorismo, en donde hasta hace poco se consideraba muy viable la futura candidatura presidencial en 2024 de la mencionada Sheinbaum.

Luego de advertir que sí calienta la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir, en faenas de distribución de recursos asistenciales, la portación de chalecos con propaganda personalizada a su favor, el presidente López Obrador acusó al mencionado INE de comportarse como florero o adorno que nada dijo o hizo ante la evidencia del uso de recursos públicos para campañas electorales en administraciones pasadas: todo eso lo dejaba pasar de noche, acusó el tabasqueño.

La comisión de quejas del INE ordenó la suspensión inmediata del uso del nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas, gafetes y cualquier otro) utilizados por las y los servidores públicos o personas que participen en levantamiento de censos o entrega de beneficios de programas sociales. El impacto inmediato, virtualmente dirigido así, fue para los Servidores de la Nación, el ejército ciudadano que entrega recursos federales de índole asistencial mostrando en parte de su indumentaria de trabajo el nombre del Presidente y levantando censos que los adversarios del obradorismo consideran que son evidentes métodos de control electoral.

Tales servidores de la Nación están a cargo de Gabriel García Hernández, quien fue secretario de organización del comité nacional de Morena y ahora es coordinador general de programas integrales de desarrollo del gobierno federal. García Hernández tiene reputación de ser un operador electoral de Morena y sus opositores aseguran que sus acciones como funcionario asistencial constituyen la base de la acción electoral que el morenismo realizará en la elección intermedia de 2021 y en la presidencial de 2024. En esa estructura también está con un alto cargo el hijo de Arturo Farela, el predicador evangelista más cercano a Palacio Nacional.

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