El gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, del partido Morena, señaló que los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pidieron al gobierno federal interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la llamada ley garrote se equivocan, porque ni siquiera leyeron la reforma.

Consideró que los tres relatores tienen todo el derecho de manifestar una opinión, pero alguien les pasó mal el fax, porque hablan de un artículo que no existe como tal en el Código Penal.

En entrevista, refirió que, según los integrantes de la ONU, el artículo de la controversia, el 308 Bis, estipula penas para todo aquel que impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, maquinaria o equipo especializado; se les olvida que este no es el texto, apuntó.

El mandatario dio lectura al artículo aprobado: “Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a las que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años y multas…”

La ONU, aseguró, tiene todo su respeto y reconocimiento como institución baluarte en el mundo, y los relatores están en su derecho de presentar alguna acción jurídica de inconstitucionalidad, inconformidad o amparo.

López Hernández puntualizó que el tema ha sido objeto de controversia de quienes quieren sacar raja política y, como en este caso, ni siquiera conocen la reforma al Código (Penal), concluyó.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los relatores David Kaye, Clement Nyaletsossi y Michel Forts pidieron al mandatario su intervención por considerar que la modificación puede perjudicar a quienes defiendan sus derechos, en particular a los habitantes de comunidades indígenas afectadas por megaproyectos.