Como parte del proceso de combate a la corrupción, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda acordó con la Función Pública (SFP) agilizar el intercambio de información en el sistema de compras gubernamentales. Se dará un enfoque preventivo sobre las empresas que estén interesadas en proveer al gobierno y evitará el contacto entre funcionarios públicos y sector privado.

Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda y quien tiene a su cargo la centralización de las compras gubernamentales, aseveró: cada que hay contacto entre un funcionario y un empresario hay un potencial riesgo de corrupción.

Estamos convencidos, y también así lo ha demostrado la experiencia internacional, que la mejor manera de controlar y abatir la corrupción es dejar la menor intervención posible a la parte humana. Es decir, tener sistematizados todos los procesos, sostuvo en la firma del convenio con la SFP.

El documento implica que las dependencias colaborarán en el intercambio de información y automatización por ahora de Compranet (la plataforma donde se hacen públicos todos los procesos de adquisiciones gubernamentales) y eventualmente en el sistema que la supla. Una semana atrás, se hizo un acuerdo similar con el Servicio de Administración Tributaria para que éste brinde información fiscal sobre las empresas interesadas en vender al gobierno.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, reiteró que la Función Pública no se queda al margen de las compras gubernamentales una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador concentró esa facultad en manos de Buenrostro, la dependencia a su cargo contribuirá con información de servidores públicos y empresas. Se premiará la ética, aseveró.

La SFP contribuirá con información de los servidores públicos: declaración patrimonial; nivel de responsabilidad, institución a la que se encuentra adscrito y nivel salarial, entre otros, de quien se registra como responsable de una solicitud de compra o de una compra en la Oficialía Mayor.

En lo referente a contratos de obras públicas, se intercambiará información registrada en la Oficialía Mayor, tales como planos, tiempos de ejecución, dimensión, estimación de tiempos de construcción y costos para que SFP los utilice de referencia para el seguimiento y supervisión de obra pública.

La Función Pública también dará información sobre empresas para evitar la suscripción de contratos en caso de que éstas cuenten con incumplimientos; información falsa o de mala fe; tenga antecedentes de rescisión de contratos o inconformidades por las contraprestaciones pactadas.

“Todo el mundo lo sabe (…) en el gobierno pasado existía un intercambio ilícito entre funcionarios de gobierno y contratistas. Las violaciones a los plazos mínimos marcados por la ley para la presentación de propuestas, o la adquisición de contratos eran lamentablemente la regla”, acusó.

De acuerdo con Buenrostro estos convenios de colaboración con al menos siete dependencias son la primera piedra para transformar el sistema de compras públicas. A algunos países, indicó, les ha llevado en promedio cinco años.

El módulo de la tienda digital del gobierno federal que entró en operación el 13 de agosto y que simula una plataforma de Mercado Libre, es la primera etapa del proyecto que ella preside.