De 2012 a la fecha, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas ha emitido más de 500 acciones urgentes dirigidas a diferentes países por ese delito.

La nación con más requerimientos de esta instancia es México, con 328, por encima de Irak, que suma 123.

En ese contexto, la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentó un amparo que será revisado por laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir la obligatoriedad para el Estado mexicano de cumplir con esas acciones urgentes.

El recurso legal presentado por Idheas tiene su origen en la negativa de la Fiscalía de Veracruz de implementar las acciones urgentes de ese comité multinacional por el caso de seis jóvenes desaparecidos en esa entidad en diciembre de 2013.

Idheas informó que el pasado 7 de agosto la primera sala de la SCJN decidió asumir su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión 289/2019 en contra de la negativa de la Fiscalía de Veracruz de implementar las acciones urgentes emitidas por el CED, por las desapariciones de Víctor Álvarez Damián, Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González, José Armando Cortés Arrioja, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe y Marco Antonio Ramírez Hernández, ocurridas entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar de la ciudad de Veracruz.

Ante las omisiones de las autoridades y la falta de una investigación efectiva para localizar a los jóvenes y esclarecer los hechos, Idheas, en representación de la familia de Víctor Álvarez Damián, interpuso un juicio de amparo indirecto en contra de la Fiscalía estatal.

El Poder Judicial ordenó el 15 de mayo de 2018 a la dependencia estatal realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre ese caso. Sin embargo, declaró improcedente el carácter vinculante de las acciones urgentes emitidas por el CED, al considerar que no existe una obligación legal de su acatamiento forzoso.

Por ello, la organización civil solicitó a la SCJN atraer el proceso para que revise la obligatoriedad de los llamados del organismo internacional.

Al aceptar la atracción, la primera sala de la Corte, indicó Idheas, definirá el alcance jurídico de las acciones urgentes, su función como mecanismo de búsqueda para casos de personas desaparecidas y el grado de obligatoriedad que éstas representan para las autoridades del Estado mexicano, entre ellas las fiscalías. La decisión que tome la SCJN, agregó, será trascendental, pues definirá el alcance de los mecanismos convencionales de protección a los derechos humanos y su observancia para las autoridades nacionales en contextos de violaciones graves a esas garantías.