La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no obstante haber presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no obtuvo resultados tangibles luego de que durante cuatro años consecutivos hizo observaciones a contratos y adquisiciones que llevaron a cabo las Secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con universidades públicas estatales sin licitaciones públicas.

La ASF dijo que –independientemente de que solicitó que se transparentaran y acotaran ese tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público– se propició la reincidencia en este tipo de contrataciones a pesar de haber recomendado a las instancias responsables de vigilar la correcta aplicación de recursos.

De acuerdo con algunos dictámenes de las auditorías practicadas a las universidades autónomas de los estados de México (UAEM) y de Morelos (UAEMor), principalmente, junto con otras 14 casas de estudio, y que se presentaron como dato de prueba en la pasada audiencia de vinculación a proceso contra Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que estos esquemas permitieron simular la prestación de servicios y adquisiciones, contratar proveedores sin perfil ni capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas, aunado a que dichas universidades no acreditaron feacientemente la realización de los trabajos encargados.

De los 25 dictámenes técnicos que la FGR presentó como datos de prueba, 17 son firmas de contratos y convenios que realizó la Sedesol con universidades de México, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, así como sistemas de radio y televisión estatales. Los otros ocho son auditorías con las mismas escuelas e instituciones.

Entre 2015 y 2018 la ASF promovió denuncias penales de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra la Sedesol, la Sedatu, la UAEM, la UAEMor, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Juárez de Durango y la Politécnica de Zacatecas.

También fueron denunciadas Radio y Televisión de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, la Tecnológica del Sur del Estado de México y la Politécnica de Texcoco.

En la audiencia pasada, los fiscales recordaron que en marzo de este año Armando Saldaña Flores, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 185 millones de pesos.

Se le acusó de firmar el convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/339901.03/2016, en febrero de 2016, con el entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien también continúa en proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.