Un grupo de funcionarios que en el sexenio pasado cometió diversos atropellos en el contexto del proceso de consulta a los pueblos indígenas mayas sobre el uso de semillas transgénicas en la península de Yucatán ha sido contratado por el actual gobierno, en un caso de impunidad administrativa que demuestra la falta de capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los malos servidores públicos.

Así lo afirmó Carlos Scoffie, abogado del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, quien destacó que además de este tipo de nombramientos cuestionables, en la región persiste la siembra ilegal de soya transgénica, fumigaciones aéreas con plaguicidas y deforestación masiva para cultivo de arroz.

En entrevista con La Jornada, el litigante recordó que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la autorización otorgada por el gobierno mexicano en 2012 a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica, y ordenó la realización de una consulta a los pueblos indígenas de Campeche y Yucatán antes de dar un nuevo permiso.

Dicha consulta fue organizada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), entidad gubernamental en la cual trabajaron Marco Antonio Ramírez y Sol Ortiz, señalados por las comunidades como responsables de diversos abusos, como actos de discriminación contra las comunidades indígenas y de menosprecio del posible daño ambiental que provocarían los transgénicos.

Pese a ello, indicó Scoffie, en la actual administración ambos funcionarios recibieron un nuevo cargo público: Ramírez como director jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y Ortiz como coordinadora de la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura.

Si en este gobierno se quieren hacer las cosas de manera distinta, nos preocupa que designen a los mismos funcionarios que cometieron atropellos en el proceso de consulta indígena. Ambos tienen una responsabilidad mayor, porque pusieron obstáculos que han impedido desde 2015 que la consulta se lleve a cabo, resaltó el abogado.

Luego de condenar este acto de impunidad administrativa, Scoffie alertó que en diversos municipios de Campeche, especialmente en Hopelchén, siguen ocurriendo abusos graves, como la siembra ilegal de soya transgénica –en particular por grupos menonitas–, además de deforestación de selvas inundables para cultivo de arroz.