El Congreso local instituirá la consulta pública en la nueva ley de participación ciudadana –adicional a los mecanismos de democracia directa y participativa– como un instrumento con el que la Jefatura de Gobierno y las alcaldías sondeen directamente a los vecinos sobre temas específicos que impacten su ámbito territorial.

La Comisión de Participación Ciudadana justificó la incorporación de esa figura en el dictamen que votará el pleno mañana, al señalar que fortalece la democracia participativa y estrecha los vínculos entre la ciudadanía y sus gobernantes en temas como la elaboración de programas y planes de desarrollo, uso de suelo, obra pública y políticas y acciones territoriales de impacto social, ambiental y cultural, entre otros.

Menores de 18 años podrán participar con su CURP en la consulta, la organización estará a cargo de la misma autoridad que convoque y podrá asesorarse del Instituto Electoral local, tener acompañamiento de universidades públicas y organizaciones sociales y el proceso, que no será menor a 30 días a partir de la convocatoria, incluirá una etapa deliberativa y de incorporación de opiniones ciudadanas.

Sobre la integración de las comisiones de participación comunitaria de cada una de las más de mil 800 unidades territoriales, se hará por votación universal, libre, directa y secreta, pero la boleta sólo admitirá un máximo de 18 candidaturas.

Al registrarse un número mayor de ciudadanos se establece un mecanismo de insaculación, que a decir de la diputada Gabriela Osorio Hernández, de Morena, fuera de violentar el derecho a la participación resulta un filtro para evitar prácticas clientelares y que las estructuras territoriales de los partidos copen los registros, como ocurría con la elección por planillas.

Por otra parte, integrantes de pueblos originarios de la ciudad convocaron a protestar mañana en el Congreso ante la decisión de los diputados de Morena de excluirlos de la nueva ley y sólo señalarlos en un artículo transitorio que será materia de la ley de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

Dijeron que de aprobarse el dictamen como está quedará una ley que nos divide, nos quita derechos e imponen nuevas reglas de participación. Mantenerse como pueblos originarios en la capital ha sido difícil, por eso el llamado es a no permitir que sigan quitándonos derechos.