Integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos (Ampda) se manifestaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la destitución del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, por considerar que dicho funcionario no tiene los conocimientos ni la voluntad política para investigar las agresiones contra comunicadores.

Omar Bello Pineda, vocero del colectivo, señaló que desde principios del julio han estado solicitando una audiencia con Pérez para saber si han avanzado los alrededor de 30 casos de reporteros atacados que ha denunciado la Ampda, pero la única respuesta del equipo del fiscal ha sido queacudan al Ministerio Público que lleva los expedientes.

Ante la negativa de audiencia, los periodistas interpusieron un amparo y le solicitaron al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que destituya a Pérez Sánchez del Pozo, a quien acusaron de tener casos de primera y de segunda, de acuerdo con su nivel de cercanía con las víctimas.

Un ejemplo de ello, afirmó, es que un denunciante del estado de Quintana Roo tuvo a su disposición todos los recursos de la Feadle para que se investigaran las amenazas en su contra, al mismo tiempo que la mencionada Fiscalía se negó a atraer el caso del periodista campechano Miguel Villarino Arnábar –con el argumento de que era un tema local–, hasta que un juez le ordenó asumirlo.

De igual manera, el tamaulipeco Gildo Garza, presidente de la Ampda, tuvo que esperar seis meses a que la Feadle hiciera una visita a su centro de trabajo, cuando el inmueble ya no existía; y el oaxaqueño Ignacio Martínez Santiago se vio obligado a otorgar el perdón a un presunto delincuente que lo amenazó, pues la Fiscalía le advirtió que sería difícil probar su culpabilidad.

Luego de señalar que la Feadle debería ser un órgano independiente de la FGR y con recursos económicos suficientes, Bello Pineda indicó que en los próximos días se reunirán con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, pero en caso de no encontrar respuesta a su demanda, los comunicadores se instalarán la próxima semana en huelga de hambre frente a la Fiscalía.