En las cárceles dependientes de las entidades federativas del país se siguen presentando condiciones que representan riesgos para la protección de los derechos humanos de los internos. Ineficiente separación de procesados y sentenciados, falta de higiene en los dormitorios, falta de personal, autogobierno y actividades ilícitas al interior, son algunas de las deficiencias que no se han resuelto en estos espacios.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, documentó que los llamados centros de reinserción social (Cereso) de los estados alcanzaron el año pasado una calificación de 6.45 puntos, en una escala del uno a 10.

El estudio ubica a las cinco cárceles estatales con el peor promedio durante 2018: el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, con 4.21 de calificación; los centros Penitenciario de Santa Rosalía y de Reinserción Social de Ciudad Constitución, ambos en Baja California Sur, con 4.22 y 4.27, respectivamente; el Centro de Reinserción Social Apan, en Hidalgo, 4.32; y el Centro Regional de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, en Guerrero, con 4.47 puntos.

La calificación de las cárceles por entidad federativa muestra a ocho estados reprobados. Tamaulipas en la posición más baja con 4.92 puntos; seguido por Baja California Sur, con 4.95; Nayarit, 4.99; Guerrero, 5.17; Hidalgo, 5.28; Zacatecas, 5.53; Sinaloa, 5.62, y Veracruz, con 5.87.

En 21 entidades se alcanzaron calificaciones de 6 a 7.54 puntos, y sólo tres obtuvieron un promedio de evaluación sobre sus centros de reclusión superior a 8: Guanajuato (8.21), Querétaro (8.21) y Coahuila (8.01).

Para realizar el análisis se visitaron 165 centros de reclusión dependientes de gobiernos locales (varoniles, mixtos y femeniles), 59 por ciento de un total de 280 existentes. La población privada de la libertad en esos centros de reclusión al cierre de la investigación fue de 164 mil 94 personas, lo que corresponde a 91 por ciento del total de la población recluida en centros penitenciarios estatales.

Las deficiencias detectadas son: en 84 por ciento de las cárceles estatales es insuficiente el personal de seguridad y custodia; en 76 se carece de medidas para separar a los procesados de los sentenciados; 72 presenta malas condiciones materiales, de equipamiento e higiene de los dormitorios; en 70 por ciento hay escasez de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

En 45 por ciento se detectaron condiciones de autogobierno o cogobierno; en 48 se identificó carencia de prevención y de atención de incidentes violentos; en 53 se presentan actividades ilícitas y en 40 por ciento hay cobros de diversos tipos a los internos o sus familias.

En la mitad de estos centros de reclusión se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene en el área médica, carencia de instrumental y de unidad odontológica, así como de personal para atender médica y sicológicamente a los internos.

En 70 por ciento no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente; en 36 por ciento son inexistentes o insuficientes las instalaciones para el funcionamiento de la propia cárcel, y en 31 por ciento se observó un bajo control en el ejercicio de las funciones de autoridad.