Las acciones de inconstitucionalidad que preparan los partidos de oposición contra la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de la próxima gubernatura de Baja California serán presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que el cambio legislativo sea publicado en el periódico oficial del estado.

El PRI informó que promoverá, en coordinación con sus grupos parlamentarios, que el planteamiento a la Corte se haga desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al mismo tiempo, este partido se perfila –al igual que el PAN– para expulsar de sus filas a los diputados locales que votaron en favor de la ampliación del periodo de gobierno, la cual es contraria al principio fundamental del sistema democrático.

Senadores consultados dijeron que lo procedente es que PRI y PAN, ya sea juntos o en lo individual, interpongan acciones de inconstitucionalidad para echar abajo la decisión del Congreso local en favor de gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla.

Manuel Añorve (PRI), Julen Rementería (PAN) y el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideraron que esta es la opción que a su juicio debe ponerse en marcha, ya que una eventual intervención del Senado en este caso debe revisarse a fondo.

Lo más viable es ir a la Suprema Corte y sería mejor si la acción de inconstitucionalidad la presentan todos los partidos de oposición, resaltó el senador Mancera.

Agregó que los diputados bajacalifornianos de Morena deben atender el mensaje que ayer envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que no avala esa medida.

El senador Rementería confirmó que el blanquiazul prepara ya el recurso de inconstitucionalidad, a la par que la expulsión de los diputados de Acción Nacional que votaron junto con Morena esa barbaridad.

Sostuvo que no le da ninguna credibilidad a la postura del Presidente de que no fue consultado sobre la decisión de alargar el periodo para el que Bonilla fue electo.

No me creo que por sus pistolas Bonilla haya decidido, sin avisar al Presidente, un asunto de esta trascendencia, que puede ser un antecedente para la relección del Ejecutivo federal, recalcó.

Graves efectos

En tanto, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que de permitirse esa modificación se tendrían graves efectos en la vida democrática del país, entre ellos que un Congreso pueda cambiar la Constitución para ampliar el lapso de duración del Presidente en turno a ocho o 10 años, o reducir el de un gobernador.

La consejera señaló que se pueden hacer cambios, pero aplican para los siguientes gobernantes, no para los que están en funciones. Así sucedió cuando se aprobó la relección legislativa y de presidentes municipales.

San Martín estimó que si la modificación de Baja California se hubiera aprobado en 2017 o antes del proceso electoral, no tendríamos esta discusión.

Mientras, el PRD recordó que hay un plazo de 30 días después de la promulgación para impugnar ante la SCJN.