ontinúo reseñando el artículo de Araceli Damián Pobreza y desigualdad en México. La construcción ideológica y fáctica de ciudadanías diversas y desiguales (disponible), que inaugura el nuevo periodo de El Trimestre Económico). En 2002, relata la autora, se inicia en México la medición oficial continua de la pobreza. Se integró un Comité Técnico (CT) formado por académicos, pero la decisión de cuál debía ser la línea de pobreza (LP) la tomó el gobierno federal, no los académicos (el recorte gubernamental se hizo explícito en la publicación), con lo cual la incidencia de la pobreza de ingresos (única que se midió) fue de 53.7 por ciento y no de 64.6 por ciento que resultaba con la LP del CT, excluyendo así a 10 millones de pobres de la contabilidad oficial y, por tanto, de los programas a su favor. EL CT y el método que aplicó se mantuvieron durante el gobierno de Fox.

En la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), promulgada en 2004, se dio un gran avance conceptual en la forma de medir la pobreza en México, dice Araceli Damián (AD), pues la LGDS definió un enfoque multidimensional, incluyendo, además del ingreso, nivel educativo, calidad y espacio de la vivienda, acceso a servicios de salud, a seguridad social, a los servicios básicos de la vivienda y a alimentación. Para definir el método y realizar las mediciones de pobreza, la LGDS determinó la creación del Coneval, conformado centralmente por seis académicos y un secretario ejecutivo. El cambio en el método oficial ocurrió en 2009 (con datos de 2008). El proceso estuvo sujeto (según una fuente confiable) a fuertes presiones por parte del secretario de Desarrollo Social para que el resultado del nivel de pobreza fuera similar al que prevalecía con la anterior medición. Esta intromisión gubernamental no quedó explícitamente documentada, pero AD pudo conocer, vía el IFAI, un memorándum enviado (a última hora) por dos investigadores extranjeros al Coneval, sugiriendo una metodología que el Coneval adoptó al pie de la letra. En particular, señala AD, adoptaron su sugerencia de identificar como pobres a quienes tuvieran ingresos por debajo de la LP y también padecieran al menos una carencia en los indicadores de privación. Es decir, el criterio de intersección de los conjuntos, que minimiza la incidencia de la pobreza. Además, AD muestra, en detalle, otras maniobras realizadas por el Coneval para que el nivel de pobreza (ahora multidimensional) complaciera al secretario de Desarrollo Social, y lo lograron, la pobreza resultó de 44.2 por ciento en 2008, menor que la obtenida con la línea de pobreza de patrimonio (unidimensional: sólo ingresos) del CT: 47.2 por ciento. En la dimensión de ingresos, las maniobras del Coneval hicieron que tres de las cuatro líneas de bienestar, como le llama a las LP el Coneval, fueran más bajas que las del Comité: las dos rurales (de bienestar y bienestar mínimo) y la de bienestar mínimo urbana; sólo la de bienestar urbano resultó uno por ciento más alta que la del Comité. La autora detalla las maniobras que el Coneval llevó a cabo para minimizar el costo de la canasta alimentaria y de la no alimentaria. AD añade:

“En los indicadores de carencia social que Coneval asoció a los derechos sociales, también incurrió en falta, ya que los umbrales no incorporaron el principio constitucional (Art. 1º) de favorecer ‘en todo tiempo a las personas la protección más amplia’. Por el contrario, fijó umbrales minimalistas en casi todos los indicadores sociales. Por ejemplo, estableció como norma educativa para todos los nacidos antes de 1982 (que en 2019 tienen más de 37 años), sólo la primaria, argumentando que fue en ese año que se reconoció en la Constitución el derecho a la educación secundaria, interpretando lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución (“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”) como si las palabras en perjuicio no estuviesen escritas. Por tanto, desde 1982, la educación secundaria, constituye un derecho para todos los mexicanos, no sólo para los nacidos después de aprobada la modificación constitucional. El Coneval también ignoró la Encuesta para la Determinación de Umbrales Multidimensionales de Pobreza que el propio organismo elaboró y financió, que muestra que los umbrales adoptados son más bajos que los considerados necesarios por la mayor parte de la población. Frente a la pregunta sobre el mínimo educativo para que una persona hoy en día (2007) pueda vivir bien respondieron: 1.4 por ciento primaria, 9.3 por ciento secundaria, 44.1 por ciento bachillerato, 34.3 por ciento profesional, y 6.6, maestría o doctorado.”

El grado de subestimación de la pobreza por parte del Coneval es enorme, tanto sin ajustar ingresos a cuentas nacionales (CN), como presenta sus resultados, como con dicho ajuste, llevado a cabo por la autora, lo que se aprecia en el cuadro que compara dichos resultados con los del MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza) ajustados a CN, en 2012, 2014 y 2016 a nivel nacional (Véase cuadro arriba).

Dedico esta entrega a la memoria de Jaime Ros y de Carlos Echarri, destacados académicos fallecidos esta semana

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