a geografía mexicana le queda pequeña al tóxico empresario Germán Larrea y su Grupo México, quien sin ton ni son riega veneno por todas partes ante la impávida mirada de las secretarías de Medio Ambiente y de Economía, esta última responsable de otorgar y/o cancelar las concesiones mineras.

De nueva cuenta dicho personaje y su consorcio –cubierto por el manto de la impunidad que le garantizaron los gobiernos neoliberales– son responsables de otro derrame tóxico en la tierra y los mares mexicanos, y en esta ocasión una vez más los sonorenses son sus víctimas.

El más reciente, que no el último, regadero de veneno de Larrea y Grupo México se registró el pasado martes en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, donde el consorcio derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, la misma sustancia tóxica que vertió en las aguas del río Sonora, el 6 de agosto de 2014, en lo que es considerado el mayor desastre ambiental en la historia de México (La Jornada, Cristina Gómez Lima).

En aquella ocasión, la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, arrojó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, y alcanzó a los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando una zona de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río y causando un grave daño ambiental, económico y de salud a 25 mil habitantes de ocho municipios sonorenses, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería, elaboración artesanal de quesos y dulces regionales, entre otros. Y el gobierno de Peña Nieto no le tocó la concesión.

En el caso de Guaymas, el presidente López Obrador dijo estar enterado del caso y anunció que va a intervenir la Secretaría del Medio Ambiente para atenderlo, para evaluar los daños; es un hecho que sí hubo derrame y se va a actuar. Ojalá la citada dependencia inicie una investigación de fondo sobre el creciente grado de toxicidad del empresario y su consorcio, porque sus accidentes son el pan de todos los días en múltiples comunidades de la geografía mexicana, nunca son resarcidas en lo ecológico ni en lo material.

Grupo México dice que el problema se dio tras la falla de una válvula, lo que ocasionó el derrame de tres metros cúbicos de ácido sulfúrico desde el tanque que recibe las purgas provenientes de las líneas de embargue. Se está trabajando ya en neutralizar la solución; se avisó a la Administración Portuaria Integral (API) de Guaymas y a la Marina.

Lo mejor del caso es que el consorcio, de un plumazo como acostumbra, arregló el problema: personal de la API estuvo presente en el lugar del percance, y tras evaluar el sitio y constatar que la situación estaba controlada, determinaron que no era necesario activar el plan de emergencia. Qué bueno, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aún no inicia la investigación respectiva, y Grupo México ya se declaró libre de toda responsabilidad.

Imposible olvidar el tiradero tóxico que Grupo México dejó en su mina de Taxco, Guerrero, ni el homicidio industrial en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros, de los que 63 se mantienen sepultados bajo toneladas de roca, porque el empresario se ha negado a rescatar. Y Zacatecas: en mayo pasado, en la mina San Martín (municipio de Sombrerete) se produjo un derrame de jales (cianuro y sulfato de zinc) desde esta explotación hasta el arroyo que atraviesa la comunidad. Y solo son ejemplos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ya estuvo bueno. Como lo ha documentado Oxfam México (Minería y privilegios), deben erradicarse “las condiciones estructurales que permiten que los bienes de la nación beneficien a unas cuantas personas en detrimento de la mayoría… El trato privilegiado que el Estado mexicano ha dado a la industria minera ha permitido su rápida expansión y con ésta el enriquecimiento de empresarios vinculados a esa actividad, como Germán Larrea, Alberto Baillères y Carlos Slim”.

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