Querétaro, Qro., Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, asesinada a balazos fuera de la escuela de su hija, en el municipio de Tequisquiapan, el pasado 20 de junio, había solicitado protección al gobernador panista Francisco Domínguez Servién, pues temía que el padre de su hija atentara en su contra, pero su denuncia no fue debidamente atendida.

En una carta que dirigió a Domínguez Servién el 2 de mayo y que difundió el portal Voz Imparcial, Morales Hidalgo expresó que no quería ser una de las mujeres que cada 160 minutos son asesinadas con saña en el país, y tampoco quiero que mi hija de 10 años y mi madre, de 79, quienes actualmente viven conmigo, sean víctimas de esta situación.

Relató que dos individuos ingresaron a su domicilio. A una de sus mascotas la estrangularon y le dieron un martillazo en la cabeza y a la otra la envenenaron.

Pese a la gravedad del evento, al momento de levantar mi denuncia, la fiscal registró mi declaración como robo a casa habitación en la carpeta CI/SJR/2822/2019/CARPETA, se lee en la misiva.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Valeria Guerrero Ángeles, reconocieron que la mujer solicitó ayuda en una carta que entregó en la Coordinación de Atención Ciudadana del gobierno estatal, así como a los institutos municipales de la mujer en Tequisquiapan y San Juan del Río.

Estas instancias diseñaron un plan de seguridad consistente en proporcionar a la denunciante teléfonos de emergencia y sugerir que informara a sus cercanos lo que padecía para reaccionar ante una situación de riesgo por detectar que presentaba notorios signos de violencia económica y sicológica, pero la víctima nunca refirió antecedentes de amenaza de muerte ni violencia física, destacó la FGE en un comunicado.

Tras el homicidio, la fiscalía especializada en delitos contra mujeres determinó investigar por feminicidio a la ex pareja sentimental de Morales Hidalgo.

El presunto autor intelectual, Ernesto Enrique N, de nacionalidades chilena y sueca, habría contratado a dos personas de origen hondureño para perpetrar el crimen a fin de obtener la custodia de la niña, cobrar un seguro de vida y abandonar el país, señaló la fiscalía especializada.

Asimismo, anunciaron que iniciarán mesas de trabajo interinstitucionales con la Secretaría de Gobierno, el IQM y la FGE para revisar las actuaciones de cada uno de los servidores públicos involucrados en este caso.

Maricruz Ocampo Guerrero, activista de la organización Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, señaló que para los gobiernos debe ser prioritario restructurar protocolos de seguridad para las víctimas de violencia de género y asignar más presupuesto a esta labor.

Citó el caso de Griselda, asesinada en agosto de 2017 por su ex pareja. La mujer tenía seis órdenes de protección a su favor y acabó muerta.

Otra mujer fue ultimada a golpes, al parecer por su ex pareja. Su cuerpo fue localizado el pasado 21 de junio. La FGE informó que ya detuvo a un sospechoso de este crimen.