La Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar con pruebas reales y fehacientes su acusación contra Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, defensores de los derechos de migrantes, por lo que el juez federal Héctor Cervantes Martínez, con sede en Tapachula, Chiapas, decidió no vincularlos a proceso por el presunto delito de tráfico de personas.

Tras una larga audiencia, ambos activistas –detenidos el día 5– fueron puestos en libertad al no haber elementos suficientes para enjuiciarlos, informaron organizaciones civiles y sus abogados.

Doy gracias al juez que fue justo y consciente, dijo Mújica en conferencia de prensa ofrecida en Tapachula horas después de su excarcelación. A veces uno se siente indefenso y vulnerable, porque siguen inventando delitos y así no tendremos Cuarta Transformación. Fue duro estar en esa situación después de 25 años de ayudar a los migrantes, agregó.

Sostuvo que la militarización de la frontera sur no es la solución a la migración, porque sólo es contención y termina explotando, como pasó con las caravanas.

Cristóbal manifestó a su vez que el Poder Judicial desempeñó un papel neutral y mantuvo su autonomía; el juez (...) evidenció que la fiscalía no tenía pruebas en contra nosotros. Afirmó que Irineo Mujica y él son los primeros presos de esta Cuarta Transformación.

Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la decisión del juez para no vincular a proceso a ambos activistas.

En su cuenta de Twitter expresó además su preocupación ante el clima de criminalización de migrantes y defensores de derechos, y llamó a las autoridades a respetar las garantías fundamentales de las personas en condiciones de movilidad.

En este caso, el juez concluyó que ninguno de los activistas se encontraba en el lugar en que la FGR los ubicó supuestamente cometiendo el delito de trafico de migrantes –según denunciaron centroamericanos– tras el cobro de varios miles de pesos.