Para el programa Sembrando vida se requiere la actualización del padrón agrario, mil 100 millones de plantas y que el crimen organizado no extorsione a los productores que reciben los recursos, señala la organización Otros Mundos.

Estas son algunas de las dificultades que observa Gustavo Castro, de esa agrupación, en un análisis sobre el programa que se estableció a través de la Secretaría de Bienestar para la reforestación con árboles frutales y maderables, combatir la degradación de los bosques y los suelos, ofrecer empleo rural y eliminar la migración, entre otros.

Previsto en 19 estados, este año empezó en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Está dirigido a los sujetos agrarios, es decir ejidatarios o comuneros poseedores de terrenos.

Con el programa cada beneficiario cultivaría 2.5 hectáreas y, junto con otros 24 campesinos, conformarán una Comunidad de Aprendizaje que sería coordinada por dos técnicos, extensionistas o facilitadores. La gente obtendrá apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas), acompañamiento técnico y un apoyo de 5 mil pesos mensuales, de los cuales 500 serán para una caja de ahorro, detalla.

Indica que el Registro Agrario Nacional (RAN) no está actualizado, tiene rezagos ya que hay difuntos no registrados, migrantes, problemas de herencias, disputas agrarias, familiares y comunitarias, y problemas con los avecindados, con los posesionarios y los dueños, así como ventas o rentas ilegales de parcelas, entre otros problemas. En este contexto, el programa aterriza en terreno frágil, lodoso y fértil para la corrupción y flexibilización de sus políticas en lo práctico con el objetivo de operativizarlo rápidamente.

Agrega que la continuidad del programa dependerá de que los sujetos agrarios más pobres vean beneficios en corto tiempo. Los árboles frutales no producen de la noche a la mañana ni se generan nichos de mercado tan fácilmen-te, precisa.

Señala que como en otros programas, las comunidades son chantajeadas para apoyar objetivos personales o del partido político en turno, y ya genera divisiones comunitarias, además de confusiones. En algunas localidades los campesinos han manifestado que sí cumplen con los requisitos y no son inscritos en el programa.

Además, hay ejidos donde los productores no cuentan con las 2.5 hectáreas como requisito para participar en el programa, ya que han sido fragmentadas para venderlas o heredarlas a sus hijos. En peor situación están las mujeres, ya que la mayoría no son propietarias de terrenos y mucho menos tienen 2.5 hectáreas ociosas en su poder.

En Guerrero, como en otras regiones, luego de que miembros de la población reciben recursos económicos de algunos programas, el crimen organizado los espera en los caminos con retenes ilegales para cobrar su parte, señala. La repartición de tantos recursos al sector rural será un campo de cultivo para la extorsión del cri-men organizado.