La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación ante la inquietante situación en la frontera sur de México, tanto por el despliegue de mano dura mediante 6 mil elementos de la Guardia Nacional para controlar el ingreso irregular a territorio mexicano de miles de migrantes, como por los riesgos de que se presente una detención masiva de personas solicitantes de asilo. Acciones que, subrayó, violan el derecho nacional e internacional.

El organismo civil internacional emitió una acción urgente dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que llamó la atención sobre esas medidas que ponen en grave peligro a familias migrantes, en especial a los menores de edad y no impedirán que las personas que así lo decidan huyan de sus países para buscar refugio.

Instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a impedir las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo, a garantizar que no se retenga en ningún caso a niños o niñas, y a sustituir el despliegue de la Guardia Nacional por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México.

En este llamado urgente, Amnistía Internacional recordó que el pasado miércoles 5 de junio, con un numeroso despliegue de militares, policías federales y agentes migratorios, se detuvo, cerca de Metapa, Chiapas, al menos a 400 migrantes provenientes de Centroamérica, entre ellos niños y adolescentes, a quienes llevaron a un centro de detención ya de por sí saturado, y a muchos las deportaron al día siguiente sin explicarles adecuadamente su derecho a pedir asilo o a explorar otras opciones migratorias en México. Incluso se les mantuvo por más de ocho horas sin comida.

Agregó que la detención masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin una evaluación previa individualizada viola el derecho internacional. Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país en busca de protección internacional, y también su derecho al debido proceso. Asimismo, la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional aceptado por el gobierno de México.