Managua. El gobierno de Nicaragua anunció ayer que liberó a 50 presos políticos en cumplimiento de una nueva y controversial ley de amnistía que, a cambio del beneficio, les prohíbe volver a protestar contra el presidente Daniel Ortega, en medio de la peor crisis política del país en décadas.

Los presos fueron trasladados desde la madrugada de ayer a sus casas, según un comunicado de la Cruz Roja Internacional. La Secretaría de Gobernación señaló que los liberados habían cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública y que continúa preparando la liberación de más reos imputados por las mismas causas.

Estoy libre, pero aún me siento preso, declaró a la agencia de noticias Reuters Hansell Vásquez, en alusión a la ley de amnistía que les prohíbe salir a protestar nuevamente contra el gobierno, ya que si lo hacen la absolución pierde efecto.

La ley aprobada el sábado por el Parlamento, de mayoría oficialista, es vista por organismos de derechos humanos y opositores como un intento por dejar impunes acciones de policías y fuerzas de choque del gobierno contra quienes protestaron en 2018 contra el gobierno de Ortega.

Nicaragua vive su peor crisis política desde la guerra civil de los años 80. En abril de 2018 universitarios comenzaron a protestar contra una reforma a la seguridad social, y aunque la medida fue revocada, las protestas continuaron y le sumaron la exigencia de la renuncia de Ortega debido a la represión en las movilizaciones.

En este conflicto han muerto 324 personas, mientras unos 700 manifestantes fueron detenidos y acusados de terrorismo por las autoridades, de acuerdo con cifras de organismos de derechos humanos.

El gobierno del país centroamericano ha liberado casi a 600 detenidos desde que se instaló un diálogo nacional con la oposición para buscarle una salida a la crisis, pero 132 continúan en prisión, según datos del Comité de Familiares de Presos Políticos.