Bogotá. Los ex guerrilleros colombianos que se sumaron en 2016 al acuerdo de paz entre las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero acabaron en la clandestinidad, aumentaron hasta casi un tercio del total de combatientes desmovilizados, reveló un informe de inteligencia al que la agencia de noticias Reuters tuvo acceso.

Con el pacto, que llevó cuatro años de negociaciones, Colombia intentó acabar con un conflicto de medio siglo al permitir a las FARC convertirse en partido político, lo que garantizó curules para sus candidatos en el Congreso y concedió amnistías.

Como parte del acuerdo, más de 6 mil combatientes del extinto grupo armado dejaron las armas, pero unos 300 miembros decidieron entonces (noviembre de 2016) seguir en la clandestinidad.

Actualmente, el gobierno calcula en 2 mil 300 los remanentes del grupo que operan en selvas y montañas de Colombia, la mayoría son disidentes, pero también se han sumado nuevos miembros. Desde 2018 la cifra aumentó más de 30 por ciento, según el reporte.

El informe subraya que los ex combatientes volvieron a las armas por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal. El gobierno, presidido por el uribista Iván Duque, considera este aumento como un riesgo para la seguridad nacional.

El documento destaca que actualmente existen 31 grupos disidentes de las FARC que operan en regiones donde hay cultivos de hoja de coca –materia prima de la cocaína–, y yacimientos de oro explotados de forma ilícita.

Dirigentes de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido conformado por ex guerrilleros, advirtieron que algunos de los motivos para regresar a la clandestinidad son las demoras en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato de 139 ex combatientes desmovilizados desde 2016.

En otro orden, el Senado aprobó la noche de antier el ascenso del comandante del ejército, Nicacio Martínez, a general cuatro soles, pese a ser cuestionado por su presunta implicación en un escándalo de ejecuciones extrajudiciales semejante al caso de los falsos positivos.

Con 64 votos en favor y uno en contra, los senadores aprobaron la recategorización del rango a Martínez y de otros 12 militares y policías. La bancada opositora, que es minoría y desaprueba el ascenso, no votó ante la imposibilidad de escrutar de forma separada a cada uno, por lo que abandonó el recinto en señal de protesta.

El pasado 18 de mayo el New York Times publicó que Martínez ordenó a un mando militar duplicar el número de muertes en combate, capturas y rendiciones de guerrilleros, a cambio de incentivos económicos o recategorizaciones de puestos.

Martínez es acusado por Human Rights Watch de asesinar civiles y tener vínculos con el paramilitarismo mientras dirigía la décima brigada blindada del ejército.