Se estima que más de 60 por ciento de las propiedades en la Ciudad de México tienen problemas jurídicos, lo que han aprovechado empresas inmobiliarias y personas con acceso a información del Archivo General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para impulsar una política de expulsión en zonas de la ciudad con alto valor agregado, señalaron el Movimiento Urbano Popular y el Congreso capitalino.

En tanto no se regularice la situación de propiedad en que se encuentra la mayoría de las viviendas, persistirán los despojos y desalojos, que se intensificaron en el gobierno anterior, por lo que no descartaron que funcionarios de dicha administración pudieran estar relacionados con esa situación.

Al participar en el foro Políticas de vivienda en la Ciudad de México, en el Congreso capitalino, el dirigente social Jaime Rello Gómez dijo que sólo el año pasado se realizaron 3 mil 700 desalojos, este año van más de 500 y hay muchos juicios pendientes de resolver en los tribunales.

El presidente de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino, Fernando Aboitiz Saro, dijo que como medida preventiva se requiere intensificar los programas de regularización y libre testamentación, que den certeza al propietario de una vivienda sobre la posesión del inmueble.

El titular de la notaría 11, Carlos Alejandro Durán Loera, explicó que la encuesta más reciente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México reveló que 80 por ciento de las personas que poseen un inmueble no lo ha otorgado en testamento y muy seguramente van a llegar a los juzgados.

Aboitiz dijo que esa situación ha permitido a “personas muy habilidosas, por no decir con influencias, ubicar predios intestados o con irregularidades, que son la mayoría en la ciudad, para apoderarse de ellos”, y sin dar nombres sólo agregó a sus sospechas que tenía que ser alguien con acceso al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad, o sea, alguien que podría cruzar informaciones, instancias ambas adscritas a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Rello y Aboitiz coincidieron también en que hubo una mala lectura del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, cuyo fin era dar protección a las personas que son desalojadas de manera ilegal y que, a decir del dirigente del Movimiento Urbano Popular, se manipuló la información en los medios de comunicación para decir que generaba incertidumbre sobre la propiedad privada, similar a la que se suscitó durante la discusión de la Constitución capitalina con el concepto de plusvalía.