Madrid. Alonso Ancira, el empresario metalúrgico más poderoso de México, dormirá por segundo día consecutivo entre rejas. El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA) compareció ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) de España, Santiago Pedraz, quien tras escuchar los alegatos de su abogado –que atribuyó su detención a una vendetta de carácter político y orquestada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador– decidió ordenar su ingreso en prisión de forma cautelar y sin derecho a fianza, ante el evidente riesgo de fuga. A partir de ahora empieza la batalla legal por la extradición, que podría resolverse en un plazo máximo de seis meses.

Esposado, con el rostro desencajado y la ropa y el cabello desaliñados, custodiado en todo momento por cuatro agentes de la Policía Nacional, el empresario salió de la patrulla que le trasladó de los calabozos a los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca. Había pasado la noche en una celda de la jefatura provincial de la policía, en pleno centro de la capital balear, después de su detención en el aeropuerto de Son Sant Joan cuando intentaba abordar un avión privado que le trasladaría hasta Canadá.

Según la versión que confirmó la policía española a La Jornada, antes de su detención habían recibido una información a través de la Interpol en la que les ponían sobre aviso de la presencia del magnate mexicano de la metalurgia y sobre el que pesaba una orden de detención internacional. Tras desplegar un operativo, en el que intervinieron varios grupos de agentes –incluidos los policías secretos–, localizaron a Ancira y lo trasladaron de inmediato a los calabozos de la comisaría.

A esas horas –eran casi las 10 de la noche– no lo podían llevar a los juzgados porque su presunto delito –blanqueo de capitales y grave daño al patrimonio nacional– obligaba a la intervención de un juez de la AN, el órgano judicial español especial para los delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y graves delitos financieros y de corrupción política.

Al llegar a los juzgados de Palma, Ancira se paró un instante frente a los periodistas, levantando los brazos enseñando las esposas y los grilletes, y dijo sonriendo entre labios: Estoy contento. Un comentario que provocó la perplejidad entre los fotógrafos y reporteros que lo esperaban para registrar su llegada. Una vez dentro, Ancira estuvo siempre acompañado de su abogado, el penalista español Ismael Oliver, quien defendió la causa de Javier Nava Soria –considerado el testaferro del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte– para que no fuera extraditado. Después de esperar un par de horas, finalmente se llevó a cabo la declaración a través de una videoconferencia, dado que la sede de la AN se encuentra en Madrid.

El juez Pedraz –quien instruyó la causa contra el ex líder nacional del PRI Humberto Moreira, que resolvió a su favor– escuchó a las dos partes y analizó las pruebas presentadas por la fiscalía española, que funge como voz de la petición del Estado mexicano, y finalmente ordenó su ingreso en prisión sin derecho a fianza ante el alto riesgo de fuga.

Ancira había rechazado la posibilidad que le brindó el juez de que aceptara la extradición de forma voluntaria. A partir de ahora, el Estado mexicano tiene un plazo máximo de 60 días para presentar la petición de extradición, en virtud del tratado bilateral firmado por ambos países en 1995.

El abogado de Ancira explicó que a su defendido se le acusa de que fruto de esa compraventa que se hizo en México él adquirió unos condominios. Resulta que no ha comprado nada en los últimos 10 años en México, que no tiene poderes para hacer esas operaciones en AHMSA, pues él sólo es el presidente ejecutivo, pero no puede firmar cheques ni hacer transferencias. Así que con la información que ha otorgado México y como le he hecho saber al juez Pedraz, es casi un insulto y un atropello intentar meter a una persona de 67 años a la cárcel cuando no hay argumentos y técnicamente no se dan las circunstancias de una extradición pasiva. Es una vendetta por motivos políticos, remató.

Ahora empieza la batalla legal en la AN, en la que se da la circunstancia de que la Agregaduría de la Fiscalía General de la República se encuentra sin delegado, tras la destitución del anterior hace sólo un mes, y quienes están al frente de la oficina son los subalternos y adjuntos.