Las declaraciones de la semana pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador, de presentar una queja formal contra jueces que liberan con celeridad a presuntos criminales son desafortunadas, ya que el actuar de los magistrados está regulado por normas específicas incluyendo acciones disciplinarias, señaló en entrevista Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, añadió, todos pueden emitirla, sin embargo, por la investidura que tiene el jefe del Ejecutivo evidentemente lo que dijo tiene un peso político y cierta influencia dentro del Poder Judicial y, en consecuencia, podría interpretarse como algún tipo de injerencia.

Los servidores públicos deberían abstenerse de expresar opiniones cuando un asunto no esté concluido. Hay que dejar que la administración de la justicia trabaje y emita las sentencias como corresponde. La sentencias de los jueces se tienen que resolver conforme a derecho y si hay un problema de elaboración de las carpetas de investigación habría que solucionarlo.

Para el abogado Julio Jiménez Martínez, especialista en temas de seguridad nacional, explicó que hay casos en los que bajo las interpretaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio muchos delincuentes quedan en libertad.

Este tipo de implementación se ha vuelto una puerta giratoria. No sólo es un tema de corrupción. Es tarea fundamental que autoridades fortalezcan los procesos de capacitación y profesionalización desde policías hasta ministerios públicos, terminando por jueces y magistrados porque hay serios problemas de interpretación.