Buenos Aires. El presidente argentino, Mauricio Macri, instruyó al representante del Ejecutivo en la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentar una denuncia contra Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, que pueda llevar a su destitución e impedirle investigar la más importante red de extorsiones, espionaje y otras acciones ilegales que comprometen a fiscales como Carlos Stornelli, quien está al frente de la causa de las fotocopias (sacadas de cuadernos escritos por el ex chofer de un ministro del gobierno anterior), con la única finalidad de acusar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, miembros de su gabinete y empresarios nacionales por presuntos sobornos.

La aparición de documentos y cantidades de carpetas encontradas recientemente durante un allanamiento que realizó el juez Ramos Padilla –ante quien presentó la denuncia de extorsión el empresario Pedro Etchebes en febrero pasado–, en el domicilio de Marcelo D’Alessio, falso abogado y agente ligado a la DEA estadunidense y a otras agencias similares, incluyendo nacionales, evidencia una red de características mafiosas, que trabajaba con impunidad, manejando informaciones confidenciales de organismos del Estado y de otros países como Estados Unidos e Israel.

Esto no sólo afecta al gobierno a escala nacional, sino internacional, ya que además se habría realizado espionaje, de lo cual hay pruebas concretas en Uruguay, así como contra misiones comerciales y funcionarios iraníes, políticos y dirigentes sindicales y sociales locales en lo que ya es considerado el mayor escándalo político, judicial y mediático en la historia nacional, con la utilización de métodos que lo relacionan con la última y cruenta dictadura militar.

Todo esto figura en carpetas de informes y documentos decomisados al extorsionador que lo hacía en nombre del fiscal Stornelli, con quien cada día aparecen más comunicaciones alarmantes y escandalosas que han complicado definitivamente al magistrado y a figuras importantes de la gobernante alianza Cambiemos, como las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arriba, también denunciado en la causa de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, involucra al periodista Daniel Santoro, estrella de Clarín, ya denunciado en otras oportunidades, quien aparece en casi todas las declaraciones y comunicaciones de D’Alessio, así como una serie de nombres de otros personajes vinculados al poderoso Grupo Clarín. La estrategia era presentar a la prensa cómplice, en primer lugar, y luego ante la justicia, a los que D’Alessio lograba quebrar mediante amenazas de tener pruebas, reales o ficticias, que podrían afectarlos a ellos o a sus familias.

A esto se añade lo denunciado por abogados defensores de varios detenidos por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli que envían a la cárcel a quien se acusa falsamente para que, ablandados, el término que se usa, decidan colaborar y testimoniar lo que quiere el juzgado: acusar a la ex presidenta y su entorno.

Con esos elementos de extrema ilegalidad se mantiene la causa de los cuadernos, ya que no existe ninguna otra prueba y las fotocopias no han podido ser certificadas e incluso en estas horas varios medios denunciaron que estos cuadernos escritos a mano, se prepararon por instrucciones del juez Bonadío, con éste presente, en reuniones secretas en un hotel importante de esta capital, a las que asistieron también algunos periodistas.

La causa de los cuadernos considerada impresentable por importantes juristas locales, surgió en la desesperada carrera del oficialismo por dar un vuelco a las encuestas que en este domingo –como señala el periódico Página/12– están adelantando que Fernández de Kirchner, violentamente perseguida y denigrada a diario por los medios del Grupo Clarín, La Nación, Infoabe y otros, estaría ganando para las próximas elecciones presidenciales de octubre si se presentara como aspirante. Ella o la figura que impusiera un peronismo unido junto a otros sectores políticos derrotarían a Macri en primera y segunda vueltas.

Por lo pronto, Clarín, La Nación y otros medios ligados al gobierno llegaron al extremo de no publicar hasta ahora una sola palabra de esa red de extorsión y espionaje, a pesar de que ya ha saltado al mundo.

Por su parte, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió a La Jornada la gravedad de esta situación para el país y la afectación internacional que esto implica, después de que la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, que él preside, investigó un primer envío de documentación, realizada por el juez Ramos Padilla, para que los investigadores reconocidos de este instituto estudiaran documentos y archivos de este caso.

Aparte de presentar el informe de esta comisión, varias de cuyas conclusiones leyó el juez ante una comisión bicamaral del Congreso la semana anterior, Pérez Esquivel se expresó contra este intento del gobierno de Macri de actuar una vez más en contra de los jueces verdaderamente independientes cuando asumen una investigación o emiten resoluciones que no le gustan al presidente o a su equipo de funcionarios.

Lamentó que el gobierno controle al Poder Judicial, “por lo cual muchos jueces se han sometido a las políticas oficiales, olvidando sus deberes con el país, todo lo cual no sólo afecta severamente a la democracia, sino que se trata de impunidad en un país que ha luchado tanto contra esto, y además estamos ante un involucramiento de otras naciones. No hay ninguna razón para intentar destituir a un juez que cumple con su trabajo, sostuvo.

También advirtió que el juez Ramos Padilla no tiene ninguna seguridad, ni la ayuda suficiente que está obligada a darle la justicia para investigar, a lo que se agrega este vergonzoso ataque contra el magistrado.