El país no puede dar un paso atrás y retomar el antiguo sistema de justicia inquisitorio. Por el contrario, debe mantener y reforzar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya que es garantista y transparente, afirmaron expertos.

En el tercer día de labores de la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México, se reconoció que el nuevo sistema presenta fallas, pero no por el marco jurídico, sino por ineficacia de las instituciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) es uno de los pilares del sistema, por lo que debería de ser la institución más fuerte, pero no, es de las más débiles, aseveró Ulises Gómez Nolasco, subprocurador de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Sistema y seguridad

María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, apuntó que no hay relación directa entre la operación del nuevo sistema penal y la reducción de la crisis de violencia e inseguridad. Tener a más personas en prisión y elevar las penas por delitos no necesariamente contribuye a tener más seguridad, señaló.

Enlistó varios obstáculos que impiden la correcta operación del sistema: las policías municipales, estatales y Federal no cuentan con incentivos necesarios para iniciar la investigación de los delitos; las agencias del Ministerio Público (MP) carecen de equipos profesionales y bien capacitados; persisten las estructuras rígidas y burocratizadas, y las audiencias ante los jueces para desahogar los procesos a menudo son postergadas porque los MP o los abogados defensores no se presentan.

Propuso tener mayor coordinación e intercambio de información entre las instituciones que intervienen en el proceso, fortalecer las capacidades de investigación de policías y agentes del MP e instrumentar políticas transversales para la prevención del delitos y la reinserción social.

Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, afirmó que el nuevo sistema garantiza las harantías de imputados y víctimas del delito, quienes tienen derecho a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el MP y presentar todas las pruebas que deseen.