El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), junto con otras organizaciones civiles, anunció la conformación de una red de monitores, la cual tendrá como propósito documentar en campo y denunciar, a escalas nacional e internacional, posibles violaciones a las garantías fundamentales, en el contexto de la implementación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

En conferencia de prensa, alertaron sobre el hecho de que esta normativa –promulgada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto– pueda incrementar la violencia por parte de elementos policiacos, del Ejército y la Marina, así como paramilitares, contra defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones civiles, manifestantes, estudiantes, indígenas, obreros, campesinos y todo aquel que haga valer sus derechos en las calles.

La Red de Monitores de Derechos Humanos, informaron, tendrá la capacidad de actuar en la capital del país y el estado de México, y la expectativa es que en el mediano plazo, con la unión de organizaciones de otras entidades, pueda tener alcance nacional.

A evitar agresiones

Además de documentar y denunciar penalmente posibles violaciones a las garantías ciudadanas, la intención es que la presencia de los monitores en marchas, mítines, asambleas y otras acciones de protesta públicas disuadan las agresiones ante las denuncias nacionales e internacionales que se ejercerán si las fuerzas públicas y/o paramilitares violan derechos humanos.

Dicha red nació del Taller Metropolitano de Monitoreo y Documentación, impartido por el CDHZL en 2017, y se da en alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales, particularmente la de la capital y la del estado de México. Estará conformada por habitantes de al menos 30 pueblos y comunidades de ambas entidades y miembros de 15 organizaciones civiles.

Si las autoridades piensan que con la Ley de Seguridad Interior pueden usar al Ejército (contra la población), esta red es una respuesta organizativa en toda el área metropolitana para evitarlo, señaló José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL.

Destacó la acción de inconstitucionalidad contra dicha norma interpuesta por varias instancias, particularmente por la CNDH, y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a analizar a fondo y con apego a la legalidad de la misma.