El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó que invocar circunstancias especiales o situaciones excepcionales no son causas de justificación o excluyentes de responsabiliad del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Indicó que argumentar tiempo de guerra, invasión o peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, conflicto armado, inestabilidad política interna o suspensión de derechos y sus garantías no justifica la comisión de esos graves ilícitos, los cuales deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable y las reglas de acumulación de procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso se debe considerar como autores de los mismos a los superiores jerárquicos de los elementos que hayan incurrido en ellos.

Al firmar un convenio con todos los ombudsman del país para visitar y verificar los más de 5 mil centros carcelarios y detectar posibles riesgos de tortura, González Pérez detalló que entre los expedientes de queja recibidos por la CNDH en 2017 por presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, 83 fueron por tortura y 319 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, de las 81 recomendaciones ordinarias que el organismo emitió el año pasado, en nueve se acreditó tortura y en nueve más tratos crueles, inhumanos y degradantes, al igual que en la recomendación general número 5 sobre graves violaciones a derechos humanos. A ese total, agregó, se debe añadir las ocho recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la CNDH.

El ombudsman nacional puntualizó que la práctica de ese flagelo es una de las formas más graves de violación a derechos humanos, ya que atenta contra la dignidad de las personas y les causa graves daños físicos y sicológicos, que suelen ser más destructivos e imposibles de superar.

Destacó que a pesar de los importantes avances observados en la prevención de la tortura, en diversos lugares de detención del país se han constatado situaciones que pueden provocar condiciones de maltrato a las personas privadas de la libertad.

Hace unos días el citado mecanismo y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –donde participan las 32 comisiones estatales y la nacional– firmaron un convenio de colaboración para supervisar los más de 5 mil centros de privación de la libertad, con el fin de prevenir y erradicar la tortura, así como terminar con las situaciones que son motivo de riesgo de ese delito.

La estrategia, se informó, consistirá en visitas de supervisión a las instalaciones de las cárceles en las que se ha advertido la persistencia de situaciones apremiantes, con el propósito de examinar el trato que se da a los detenidos y evaluar si se cumplen los derechos al trato humano y digno, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la protección de la salud y a la integridad personal.