Los días 6 y 11 de diciembre de 2013, en un operativo realizado por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), se sembró dolor y temor en la colonia Formando Hogar del puerto jarocho.

De acuerdo con familiares y testigos, en varios operativos en esas fechas los uniformados detuvieron de manera arbitraria al menos a 10 jóvenes, y de ellos seis siguen desaparecidos.

La angustia, desesperación, tristeza y ansiedad son los sentimientos entre las familias de estos jóvenes, quienes pese a todo continúan una intensa búsqueda y demandan su presentación con vida. Hasta el cierre del año pasado, ninguno de los seis casos había sido investigado por las procuradurías estatal o federal.

La organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos ha documentado el caso y cuenta con testimonios de que los jóvenes fueron vistos vivos en instalaciones de la policía. Sin embargo, los testigos han sido amenazados después de difundir lo que vieron.

De acuerdo con los familiares, las detenciones ilegales fueron colectivas y programadas, los uniformados portaban consigo fotografías y descripciones detalladas de 10 personas a las que aprehendieron, y más de cuatro años después, seis siguen sin aparecer. Sus voces, recogidas por I(dh)eas, claman por justicia.

El 6 de diciembre de ese año elementos estatales y federales detuvieron a Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y José Ignacio Cruz González. Cinco días después, la misma suerte corrieron Yonathan Izac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián (entonces de 16 años de edad) y Marco Antonio Ramírez Hernández.

Pese a ser un adolescente, Víctor ya trabajaba. Lo hacía en la Aceitera Reimy, lugar donde aquel día fue aprehendido de manera arbitraria por policías, de acuerdo con testigos, quienes afirmaron que los uniformados argumentaron que había sido cómplice de un robo, aunque la madre del menor, Perla Damián Marcial, asegura que no existe denuncia de ese presunto delito del que su hijo fue acusado. Si é fuera culpable, que lo castigue la ley, pero que no me lo desaparezcan. No me importa que esté en una cárcel, pero quiero saber de él.

Con voz triste, voz la mujer señala: No puedo aceptar que mi hijo esté desaparecido, era todavía como un niño cuando se lo llevaron, no tenía ni la mayoría de edad. Trata de ser fuerte, sobre todo por su familia; sin embargo, desde aquel momento cada día ha sido un martirio.

Aquel 11 de diciembre Marco Antonio Ramírez charlaba con una amiga a las afueras de un centro comercial. De repente, varios hombres vestidos de civil bajaron de camionetas tipo Suburban y se lo llevaron; la chica lo presenció todo.

Nilvia Hernández, su madre, recuerda que el joven trabajaba como cargador de escombro de camiones de volteo. Angustiada, clama por justicia y tiene la certeza de que los responsables fueron las autoridades. Aquí todo está movido por la delincuencia y todos los días tememos que nos hagan algo por estar buscando a mi hijo, pero es lo único que nos queda por hacer, ya que la autoridad no investiga, nos traen vuelta y vuelta, y también nos han perdido muchas veces los datos de nuestro ADN.

Angélica María Berrospe, madre de Yonathan Izac, relata que ese día 11 policías federales y municipales entraron a su casa y se llevaron a su hijo. Ella misma presenció la detención, desde lejos, pues las calles estaban cerradas. “Varios (uniformados) lo sacaron, él se resistía y me gritaba ‘mami, ayúdame’. Intenté romper el cerco, pero me lo impidieron. Yo lloraba y me desmayé”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la mujer se ha visto obligada a realizar sus propias investigaciones y pese a ello no tiene noticias de su hijo.

El 6 de diciembre, después de su jornada laboral, Pablo Darío se acostó un rato, le dolía la espalda. Después salió de su casa a comprar comida para el siguiente día de trabajo, pero no regresó, recuerda su madre, Amelia Hernández.