Mexicali, BC.

Indígenas originarios y residentes en esta entidad solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra el Decreto 168 del Congreso local que autoriza a compañías privadas la construcción de plantas desaladoras. Advirtieron que esa acción violenta lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con la asesoría jurídica de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (SG), el pasado viernes presentaron el amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en Tijuana del Poder Judicial de la Federación, registro 7815/2017.

Los representantes de las comunidades mixteca, kumiai, mazahua, purépecha y otomí presentaron el juicio de amparo directo contra el Decreto 168 por el que se autoriza la contratación de las empresas Aguas de Rosarito, Desaladora Kenton, Operadora de Pluviales de Mexicali, Relogar, Inver Infraestructuras e Ingeniería de Bombas.

En este acto legislativo y administrativo se omitió la consulta previa, libre e informada a las que están obligadas las autoridades y que constituye un derecho irrenunciable de los pueblos indígenas de México y, en este caso, de quienes residen en territorio bajacaliforniano, argumentaron .

A propuesta del gobierno estatal, el Congreso aprobó la realización de megaproyectos, desalinizadoras de agua de mar y obras de infraestructura, a través de la figuras Asociaciones Público Privadas, que según los peticionarios afectarán la vida de los bajacalifornianos.

Las desalinizadoras serían construidas por las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton tendría una carga financiera de 82 mil millones de pesos a pagar por los usuarios del agua en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada durante 35 años, y en caso de algún adeudo se comprometió el pago de 149 millones de pesos mensuales a la recaudación del ISPT.

Esta decisión también afecta el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de países independientes, señalaron el mixteco Fulgencio Cruz Pablo, la mazahua Luisa Ignacia Ramírez Segundo y el otomí José Alejo Fernández.

Con el voto de 12 panistas y una perredista, el 1º de diciembre se aprobó este decreto en una sesión extraordinaria del Congreso local que fue convocada horas antes para evitar la presencia de organizaciones civiles opositoras al endeudamiento del estado, entre ellas Mexicali Resiste.