l inadmisible número de asesinatos que se cometen a diario en México tiene un desalentador correlato en las indagaciones que sobre ellos realizan las distintas policías en el país. A las deficiencias en los exámenes periciales y la recopilación técnica de datos a menudo se suma una notoria falta de método para generar líneas de investigación consistentes y no pocas veces un evidente desaseo en la integración de los expedientes. Todo ello da como resultado unos índices de impunidad casi tan escandalosos como los propios crímenes.

En semejante entorno, la información de la fiscalía chihuahuense que da cuenta de la aparición sin vida del presunto asesino de Miroslava Breach –corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez– es un dato que irrumpe súbitamente en el proceso de investigación que se supone llevan a cabo las autoridades de ese estado, que en lugar de aportar algo de claridad al caso da un tono más sombrío del que ya tenía.

Durante casi nueve meses el homicidio de nuestra compañera –como el de los otros 36 periodistas victimados en lo que va de la presente administración federal– ha dado lugar a sospechas e hipótesis de distinta índole, pero en la práctica nadie hasta hoy ha sido señalado como responsable del hecho ni detenido por tener algún vínculo probado con el mismo. Al igual que en la enorme mayoría de los crímenes investigados –con independencia de la profesión o condición de las víctimas–, la autoría y los motivos siguen siendo objeto de conjeturas y especulaciones y el o los responsables del asesinato siguen libres.

Así las cosas, la violenta muerte del individuo que según la oficina del fiscal estatal se jactaba de haber disparado contra Miroslava (y quien, además, tenía orden de captura librada por esa misma oficina) se presenta como un episodio capaz de descomprimir de mala manera la investigación del crimen: descomprimir, porque si el asesino fue a su vez asesinado ya no hay autor material que perseguir, y de mala manera porque, aun en el supuesto de que el ahora occiso fuera efectivamente el asesino, los móviles del crimen y sus artífices intelectuales permanecen tan desconocidos como al principio.

Varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como agrupaciones preocupadas por la integridad de los comunicadores en nuestro país, vienen criticando desde hace meses el desempeño de las autoridades sobre el caso; la tradicional lentitud con que actúan y los escasos o nulos resultados que obtienen –dicen– dan la impresión de que su principal interés es que el tiempo pase y con él se vayan desvaneciendo las expectativas de hallar, detener y castigar a los responsables del homicidio.

A manera de respuesta tácita, ya que no directa, la fiscalía de Chihuahua informó que tiene identificadas por lo menos a dos personas más que participaron en el asesinato de Miroslava Breach, y realizó la más bien obvia observación de que en caso de ser aprehendidas deben ser procesadas.

Lo deseable, sin embargo, es que el hecho (así como también la larga lista de casos pendientes de solución) sea esclarecido debidamente, no sólo para apresar a los culpables, sino también para que queden al descubierto cuáles son los intereses que los mueven y hasta dónde llegan las redes de complicidad y encubrimiento que les permiten operar con ofensiva impunidad.