El periodo legislativo que recién concluyó en el Senado estuvo dominado por cálculos político electorales y por ello cerró con un déficit legislativo y muchos temas pendientes, entre ellos el nombramiento del fiscal anticorrupción y los 18 magistrados responsables de aplicar sanciones administrativas a funcionarios enriquecidos de manera ilegal, que hayan desviado o malversado recursos públicos, advirtió el ex coordinador perredista Miguel Barbosa.

Sostuvo que ambas cámaras del Congreso le quedaron a deber al pueblo de México en materia legislativa. Sin embargo, el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, justificó que no se haya nombrado al fiscal anticorrupción, debido a que no se lograron las mayorías requeridas.

Expuso que trabajarán fuerte en los meses del receso –mayo, junio, julio y agosto– en ese nombramiento, así como en la ley que creará la Fiscalía General de la República, el órgano independiente que sustituirá a la Procuraduría General de la República, aunque también podrían aprobarse en un periodo extraordinario próximo.

Gamboa Patrón agregó que tampoco puede hablarse de un periodo improductivo, ya que aprobaron 95 por ciento de la agenda legislativa, que incluyó la Ley de Desaparición Forzada.

Igualmente, el coordinador de Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, sostuvo que el Senado cumplió al aprobar la agenda de derechos humanos. Destacó que los órganos de gobierno de esa cámara han sabido atemperar la pasión que existe entre los senadores, sin que el encono y los encontronazos dividan.

En entrevista aparte, Barbosa, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo-Morena, insistió en que lo político electoral se impuso en ambas cámaras, pues todo se mide para revisar qué efecto tiene y con ello se detiene la evolución parlamentaria y legislativa en el Congreso de la Unión.

Resaltó que la discusión del nombramiento del fiscal anticorrupción deliberadamente fue llevado a la falta de acuerdo, porque “la reforma constitucional al 102 y el nuevo proyecto de ley orgánica de la fiscalía general nunca se debatieron, ni se avanzó, a pesar de las diversas iniciativas en la materia que están en el Senado.

No aprobar un fiscal anticorrupción tiene una razón hasta lógica: para qué serviría éste si no hay un nuevo marco legal que lo dote de atribuciones y facultades para ejercer su función, insistió Barbosa.

A su juicio, debe convocarse a un periodo extraordinario en julio, pero ya con el dictamen del marco legal porque, si no, será tan inocuo nombrarlo entonces, como si se nombrara hoy.

Denunció además que los nombramientos de tres magistrados de la tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 15 salas regionales especializadas en el combate a la corrupción, que el presidente Enrique Peña Nieto envió a principio de esta semana, ya no serán ratificados por el Senado.

Hay ya un acuerdo entre PRI y PAN para ratificarlos en la Comisión Permanente, sostuvo.